En resguardo de la integridad de la propiedad pública y privada, el Ministerio Público desplegó esta mañana a una considerable cantidad de personal, entre fiscales y adjuntos, en los diferentes puntos de concentración de gremios, sindicatos y población organizada que hoy inició un paro regional de 48 horas, contra el alza del costo de vida y por una reforma constitucional.
"Un total de 8 fiscales están distribuidos en la ciudad, cada fiscal ha sido asignado a un punto donde la Policía Nacional también está asignada, está actuando la fiscalía de Alto de la Alianza y del módulo de Gregorio Albarracín… cada unidad policial está acompañada por un fiscal, que a su vez está levantando actas de exhortación de respeto de la propiedad pública y privada", informó el letrado José Luis Vega Pilco.
De esta manera –explicó- aplicando el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se podrá identificar y condenar en menos de 48 horas a quienes cometan desmanes o ilícitos, tal cual sucedió hace pocos meses en Huaura, primer distrito judicial peruano donde rige el NCPP.
Sin embargo –continuó- el Ministerio Público ha llevado a cabo reuniones previas con el Comando Policial de Tacna, producto de las cuales, se acordó que los miembros del orden actuarán con suma cautela y flexibilidad; "sólo en una medida exagerada es que recién van a actuar en cumplimiento de su función".
POCA COMUNICACIÓN CON LA GOBERNACIÓN
De otro lado, Vega Pilco manifestó que es de trascendental importancia para el correcto devenir de las protestas sociales, que los dirigentes siempre guarden lazos de comunicación con la Gobernación, institución encargada de solicitar la protección policial respectiva, a la masa de manifestantes y a la propiedad pública y privada.
"Es un deber comunicar al señor gobernador, soy el ciudadano tal y en uso de mi derecho constitucional voy a hacer mi protesta, con tal recorrido, sírvase a darme las garantía del caso, para proteger no para reprimir y así se cumplan con los derechos de propiedad de todas las personas", culminó.
