El economista Jorge Gonzales Izquierdo indicó que se trata de un abuso de poder de la gestión Sagasti. «Qué seguridad tenemos que esa información bancaria no llegue a manos de delincuentes», expresó.
Esta semana la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que, a fin de evitar la evasión y elusión tributaria, tendrá acceso a las cuentas bancarias de ciudadanos y empresas que tengan montos iguales o mayores a S/ 10 000. La medida es parte del reglamento del Decreto Legislativo n°. 1434.
Al respecto, el economista Jorge Gonzales Izquierdo calificó la disposición como un abuso de poder del gobierno de Francisco Sagasti.
«Es un exceso que esta cometiendo el gobierno al promulgar este reglamento que efectiviza este decreto supremo por el cual prácticamente se ha destrozado, se ha eliminado en el Perú el secreto bancario», expresó a Radio Uno.
Mencionó que antes, “te podían levantar el secreto bancario por orden de un juez cuando están implicado en una investigación por coima, malversación y narcotráfico, es obvio que te levanten el secretario para decir de donde diablos saco la plata, pero ahora “no necesitas el mandato de juez”.
De esta manera, “el juez es reemplazado por un funcionario público que puede ser cualquier persona que de acuerdo a su criterio diga vamos a investigar”, comentó.
«Qué seguridad tenemos que esa información no se filtre a la calle, una vez te obligaron a decir que tiene ese dinero, se filtre y vaya a parar a manos de delincuentes, después viene los secuestros y asaltos, y quien se va a poner a pensar que es consecuencia de esta norma», apuntó.
El especialista indica que esta medida de la Sunat es innecesaria pues el Perú ya tiene un sistema de detección de incrementos patrimoniales que es el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), “ahí también te das cuenta de los movimiento anómalos y ahora para qué le das esa potestad a los funcionarios públicos, si ya existe el ITF, hagan un mejor uso”, refirió.
Para Gonzales el único camino es presentar ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la normativa.
