El expresidente Alejandro Toledo se saltó por tercera vez las condiciones de su arresto domiciliario en Estados Unidos, donde espera su juicio de extradición, y mintió sobre ello a las autoridades judiciales, informó este jueves el juez que lleva el caso.
En una fecha sin especificar en los últimos días, Toledo abandonó su casa junto a su esposa, Eliane Karp, poco antes de la hora límite que tiene asignada para regresar al hogar, para ir a cenar a un restaurante del Centro Comercial Stanford (California, EE. UU.).
El exmandatario regresó a su domicilio una hora más tarde de lo que tiene permitido y al ser preguntado por los agentes del Servicio Prejudicial de EE. UU., el cuerpo encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, les dijo que se había visto involucrado en un accidente de tráfico.
«Fue una mentira sin sentido, puesto que él sabe que lleva un dispositivo de seguimiento por GPS y que los agentes iban a averiguar que no se produjo ningún accidente de tráfico, sino que fue al centro comercial», dijo el magistrado Thomas Hixson en la audiencia digital celebrada este jueves.
Hixson, que ya tuvo que regañar al expresidente hace unos meses por otras dos violaciones del arresto domiciliario y las posteriores mentiras para tratar de encubrirlas, se mostró «muy preocupado» por la actitud de Toledo y admitió estar cuestionándose la confianza que depositó en él al autorizarle salir de prisión para permanecer en arresto domiciliario.
«El hecho de que usted haya sido deshonesto en varias ocasiones crea un historial de mentiras. Esto tiene que parar», espetó el magistrado a Toledo, que participó en la videoconferencia, pero no intervino en ningún momento.
Al exmandatario, que durante los años previos a su detención residió en EE.UU., se le investiga por presuntamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando él aún era presidente.
La celebración del juicio de extradición, que debe decidir si las autoridades estadounidenses lo entregan a Perú, donde se le reclama, está actualmente fijada para el 23 de septiembre, tras haber sido pospuesta en varias ocasiones.
Con información de EFE
