La población está harta de la corrupción
Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL.
El silencio del Tribunal Constitucional, frente a la necesidad de esclarecer la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, podría reavivar el descontento de la ciudadanía que este mes se movilizó por la crisis política generada por el actual Congreso.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, el Tribunal Constitucional ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias por desperdiciar esta oportunidad de hacer una precisión de la tan comentada incapacidad moral permanente.
Advirtió que el rechazo social evidenciado este mes no se termina de cerrar con la renuncia de Manuel Merino y la elección de Francisco Sagasti, sino que la población esperaba que ese rol lo cumpliera el Tribunal Constitucional por ser de clamor popular.
“En realidad, lo que hace es darle la espalda a la población”, declaró Ruiz a Radio Uno.
A opinión de Ruiz, es necesaria una reforma constitucional. Una muestra de ello es el artículo 113 que se confronta con el modelo presidencialista del Perú, donde la Constitución blinda al presidente para permitir que cumpla su gobierno.
En ese sentido, sostuvo que el Tribunal Constitucional debió deliberar al respecto para garantizar la tranquilidad y estabilidad del país, como parte de su función pacificadora y reintegradora.
“Con esa sentencia lo que hace el Tribunal es echar gasolina (…) Este silencio no es neutralidad”, manifestó, al tiempo que advirtió que podría volver a suceder la vacancia de otro presidente por la misma causal ambigua.
“Vacar a un alcalde va a ser más difícil que vacar a un presidente”, subrayó Ruiz.
Agregó que el silencio del Tribunal Constitucional puede favorecer a Manuel Merino en su proceso de investigación, debido a que contradice la idea del golpe por la toma del poder Ejecutivo.
Planteó la necesidad de contar con una Constitución que represente a toda la Nación y sea un verdadero pacto social y político, lo que no sucede con la Constitución de 1993, elaborada por la dictadura de Alberto Fujimori y que aún genera profundos problemas en la sociedad.
