Entre el 2015 y 2018 cinco constructoras alternaron su participación en diferentes consorcios con el fin de adjudicarse más obras en el sector salud. Pero hasta la fecha no concluyen tres de los hospitales entregados en Chala, Camaná y Cotahuasi.
Foto: Diario Sin Fronteras.
La región económicamente más dinámica del sur tiene al 62% de su población afiliada al sistema de salud público, pero no cuenta con hospitales idóneos para atender toda la demanda. Entre el 2015 y el 2018, el gobierno regional destinó S/ 398 millones en infraestructura para el sector salud, principalmente en la construcción de un centro de hemodiálisis y cuatro hospitales. Sin embargo, hasta el momento solo se ha concluido la primera de estas obras; otra presenta retrasos y tres se han convertido en edificaciones obsoletas por incumplimiento de sus contratistas.
OjoPúblico, Radio San Martín y la Plataforma de Radio y Televisión -como parte de una alianza para analizar los contratos y la inversión pública en varias regiones del Perú- identificaron que los consorcios que obtuvieron la buena pro están integradas por empresas que alternaron su participación en más de uno de estos grupos para ejecutar el mayor número de construcciones de manera simultánea.
Por ejemplo, la empresa que está presente en cuatro de los cinco proyectos es Assignia Infraestructura, una subsidiaria del grupo español Essentium que entró en liquidación el 2017 y que, como revelamos en un reportaje anterior de la región Piura, es investigada en el Ministerio Público por falsificar documentos con el fin de adjudicarse un hospital en Tacna. Además, esta compañía fue denunciada por colusión en una obra pública de Apurímac y registra retrasos en la ejecución de establecimientos de salud en Piura.
Empresas favoritas en el sector salud
Estas son las constructoras que se adjudicaron las principales obras en hospitales, durante los años 2015 y 2018. Los trabajos en Camaná, Cotahuasi y Chala debieron concluir el 2018, pero están paralizados.
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR (Hospital Maritza Campos)
1. Neso Constructora 134,147,970 (monto contratado)
2. Eralma Constructora
3. Assignia Infraestructuras
CONSORCIO SALUD CAMANÁ II (Hospital Camaná)
1. Eralma Constructora 77,706,951 (monto contratado)
2. Eductrade
3. Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria
CONSORCIO CHALA II (Hospital Chala)
1. Assignia Infraestructuras 42,463,370 (monto contratado)
2. Dextre + Morimoto Arquitectos
3. Neptuno Contratistas Generales
CONSORCIO SALUD COTAHUASI (Hospital Cotahuasi)
1. Neptuno Contratistas Generales 39,862,000 (monto contratado)
2. Dextre + Morimoto Arquitectos
3. Assignia Infraestructuras
CONSORCIO HOSPITAL AREQUIPA (Centro de Hemodiálisis en el Hospital Honorio Delgado)
1. Neso Constructora 4,719,152 (monto contratado)
2. Eralma constructora
3. Assignia Infraestructuras
La segunda empresa con más obras a su cargo es la peruana Eralma Constructora, que se adjudicó tres proyectos del sector salud. Mientras que Neso Constructora, Neptuno Contratistas Generales y Dextre + Morimoto Arquitectos consiguieron participar en otras dos obras cada uno, al integrar diferentes consorcios.
Elefantes blancos
De acuerdo con los contratos analizados, Assignia integra el Consorcio Salud Cotahuasi, que construye el Hospital Cotahuasi; el Consorcio Chala II, a cargo del Hospital Chala; el Consorcio Hospitalario del Sur, responsable del Hospital Maritza Campos; y el Consorcio Hospital Arequipa, que culminó el Centro de Hemodiálisis.
Para adjudicarse los dos primeros hospitales, la constructora española participó junto a las peruanas Neptuno Contratistas Generales, que registra dos sanciones temporales ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por presentar documentación falsa al Estado; y Dextre + Morimoto Arquitectos, inhabilitada hasta el 2022 por usar información fraudulenta para ganar otra licitación en Cajamarca.
Los dos establecimientos de salud que estuvieron a cargo de estos consorcios, los hospitales de Chala y Cotahuasi, se encuentran inoperativos debido a que no cumplieron con habilitar el equipamiento informático y médico que exigían sus contratos. Ambos locales debieron ser inaugurados el 2018, y si bien a fines de ese año se organizó una ceremonia de entrega presidida por la entonces gobernadora Yamila Osorio, para entonces no contaban con los servicios habilitados y faltaba ejecutar algunos trabajos.
En entrevista con este medio, el Gerente Regional de Infraestructura de Arequipa, Guillermo Valcárcel confirmó que todavía no se cuenta con “la instalación y puesta en marcha del equipamiento proyectado en el expediente técnico”. Por ello, ambos proyectos no pueden ser liquidados y el Ministerio de Salud se ve impedido de destacar personal médico a sus instalaciones.
La actual gestión regional tardó casi un año en adoptar acciones para remediar este retraso. Y recién el último trimestre del 2019 se inició el procedimiento para resolver el contrato del Consorcio Chala II y en los próximos días se hará lo mismo con el Consorcio Salud Cotahuasi.
Ante la inoperatividad del Hospital de Cotahuasi, los vecinos de la provincia La Unión y de pueblos cercanos de Apurímac y Cusco reciben atención médica en ambientes prefabricados que se han instalado en un terreno de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de la localidad. Del mismo modo, los cerca de 15 mil habitantes de Chala recurren a un centro médico provisional y postas que ofrecen servicios limitados.
Ejecutivo interviene en Camaná
En la misma situación se encuentra un tercer hospital licitado en la región: el Hospital de Camaná, a cargo del Consorcio Salud Camaná II, integrado por la empresa peruana Eralma Constructora, la española Eductrade y la panameña Riva Inmobiliaria Industrial.
La obra se contrató el 2016 y debió culminar a fines del 2018. Luego de varias ampliaciones de plazo concedidas por el gobierno regional, se acordó su entrega para julio del 2019, pero no sucedió, por lo que el gobierno regional también resolvió el contrato a fines del año pasado. La obra tiene un avance del 71% en su infraestructura.
Para octubre del 2018, en su Informe 899-2018-CG, la Contraloría ya había alertado la falta de un ingeniero de seguridad en la obra y de un supervisor habilitado, además de deficiencias en la construcción de ambientes sanitarios y retrasos en el cronograma debido a que el gobierno regional no entregó a tiempo los planos para la instalación del equipamiento.
La obra también sufrió paralizaciones promovidas por los trabajadores del proyecto, debido a presuntos despidos arbitrarios y falta de aporte de pensiones. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Construcción Civil de la provincia, Walter Tejada Flores, precisó que 300 obreros no recibieron dicho pago. “Este reclamo se lo hicimos llegar a la entonces gobernadora Osorio y a la actual gestión de Elmer Cáceres, pero no tenemos respuesta. No logramos un acuerdo, por eso abandonamos la construcción”, dijo Tejada.
“Tampoco se han instalado ascensores, redes eléctricas y equipos. Necesitamos el nuevo hospital porque el actual pone en riesgo la salud de las personas, sus instalaciones son antiguas y están colapsando”, señaló el director de la Red Salud Camaná-Caravelí, Enrique Neyra Castro.
El pasado 27 de diciembre pasado, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza Pereyra, visitaron el hospital y se comprometieron a dar asistencia técnica a las autoridades regionales para reactivar su construcción.
Finalmente, Eralma Constructora también obtuvo la buena pro para ejecutar el Centro de Hemodiálisis y el Hospital Maritza Campos, al integrar dos consorcios con la española Assignia y con Neso Constructora. Como indicamos líneas arriba, la primera de estas obras sí fue entregada; pero la culminación del hospital todavía está prevista para junio del 2020.
Alberto Arteaga Solano, quien hasta diciembre ocupó el cargo de gerente regional de control de la Contraloría, explicó que esta construcción ya se ha visto afectada por protestas de obreros que demandan medidas de salud y seguridad para evitar accidentes, y hasta fines de año presentaba un avance de poco más del 20%. “La Contraloría está supervisando la obra y ha recogido denuncias sobre la utilización de materiales inadecuados”, añadió.
Enviamos cartas a los representantes de las empresas que tienen mayor participación en los cuatro consorcios con obras pendientes, señalando estos hallazgos y solicitando una entrevista, pero no hubo respuesta.
Arbitraje y demanda penal
El pasado 5 de noviembre el Consejo Regional de Arequipa conformó una comisión especial para investigar siete de los procesos de selección que realizó la anterior gestión y que dieron como ganador a consorcios integrados por las empresas Eralma y Neptuno, pues no solo participaron en los cuatro hospitales mencionados, sino también en obras de infraestructura vial.
La comisión está presidida por la consejera de Camaná, Crhiss Díaz Montoya; e integrada por sus homólogos de Castilla, Silvio Arias Villa; y de Caylloma, Jeimi Flores Quicaño. Ellos tendrán facultades para solicitar información, documentos y citar a empresarios o exfuncionarios vinculados al caso.
Por lo pronto, el gobernador regional Élmer Cáceres Llica aseguró a este medio que iniciarán acciones penales por presunta colusión contra los integrantes del Consorcio Chala II y la empresa encargada de supervisar su obra, pues la dio por concluida cuando faltaban trabajos. “Este consorcio ha interpuesto medidas cautelares para que no ejecutemos las cartas fianza y adeuda el pago a los proveedores de equipos médicos, pese a que la anterior gestión pagó el 98% de este costo”, indicó.
Como medida de solución, Valcárcel señaló que están evaluando retomar la ejecución de los hospitales bajo el amparo del Decreto de Urgencia 008-2019, una norma promulgada el 31 de octubre por el presidente Vizcarra y que permite agilizar obras paralizadas en todo el país, se encuentren o no bajo un proceso de arbitraje.
En efecto, los hospitales de Arequipa no son los únicos inconclusos. Los datos proporcionados por la Contraloría, para sustentar la mencionada norma, indican que son 867 las obras abandonadas en todo el país por un total de S/16.870 millones. Y 528 de estas moles de concreto se convirtieron en elefantes blancos cuando tenían un nivel de ejecución superior al 50%, tal y como sucedió en esta región.
(Con información de Ojo Público)
