«La licencia social es el punto de partida, si omitieron cumplir con ese requisito estamos hablando de nulidad de todos los actuados», advirtió el procurador del gobierno regional de Puno.
Santiago Patricio Molina, procurador del Gobierno Regional de Puno.
El Gobierno Regional de Puno (GRP) tiene programada una reunión a las 3:00 p. m. de este 27 con representantes de las comunidades Capazo, Masocruz y Pisacoma (provincia del Collao) que se oponen al proyecto hídrico Vilavilani II Fase I que impulsa el Gobierno Regional de Tacna (GRT).
El tema a tratar será la firma de contrato del componente canal de conducción Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca, confirmó a Radio Uno el procurador del GRP, Santiago Patricio Molina.
Para el procurador “hay muchas irregularidades porque para que un producto vaya tiene que tener la aceptación del mismo, si es que la población no entiende hay que explicarlo técnicamente”, dijo.
Incluso aseguró que la Autoridad Administrativa del Agua del Caplina, en reunión realizada en Puno, no supo explicar los alcances del proyecto, “manifestó que no tenía conocimiento y que no podía brindar ninguna información”.
«No me explico cómo es que autorizaron el uso de agua si desconocen sobre los documentos que sirven de base para el sustento del proyecto”, cuestionó.
-GRT no envía información-
Aseveró que en el GRP existe desconocimiento sobre el procedimiento que el GRT siguió para licitar el proyecto, “desconocemos respecto a si cuenta con licencia social, respecto al estudio de impacto ambiental y muchos aspectos que no han sido explicados por el GRT”.
Mencionó que fue solicitada en su oportunidad la documentación para conocer a fondo el proyecto, pero “no se hizo llegar a la región Puno absolutamente nada, desconocemos sobre el contenido del proyecto”, afirmó.
-Medida Cautelar-
Previo a tomar acciones legales dijo que fue solicitado informes técnicos y aún están a la espera de respuesta. “Se habló de que Tacna o la instancia respectiva pusiera a disposición las copias del procedimiento seguido”.
Al saber que Vilavilani no cuenta con licencia social, resaltó que la licencia social es el punto de partida, “porque si la población está en desacuerdo con ese proyecto no se lleva a efecto. Si omitieron cumplir con ese requisito prácticamente estamos hablando de nulidad de todos los actuados”, advirtió.
Puntualizó que, peor aún sería que el GRT no cuente con el Estudio de Impacto Ambiental actualizado.
“Según lo poco que conozco es que se usará aguas superficiales, pero si vemos el proyecto integral se usará agua subterránea y estamos hablando de un sistema de bofedales que no solo involucra al radio donde se desarrollará el proyecto, sino que afectaría a la región Puno (…) puede crear un conflicto social que pudo evitarse en su oportunidad con previo conocimiento”.
