Representante de ACNUR en Tacna refirió que implementar un campamento para refugiados no es lo recomendable para un Estado.
Regina De la Portilla, representante de la oficina de información pública de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Foto: Radio Uno
“En estos momentos estamos hablando, con base a cifras oficiales de Migraciones, de unos 860 mil venezolanos y de estos un poco más de 280 mil solicitaron la condición de refugiados”, reveló Regina De la Portilla, representante de la oficina de información pública de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Agregó que la cantidad de migrantes en Perú que buscan la condición de refugiados son objeto de evaluación. “El gobierno a través de una comisión especial reconoce la calidad de refugiado, aquí está la oficina descentralizada de Relaciones Exteriores y ellos son los que analizan caso por caso y revisan quien cumple con la calidad de refugiado”.
En tanto, ACNUR mediante albergues brinda apoyo a los migrantes. En el caso de Tacna, “tenemos aquí el apoyo a un albergue para personas que solicitan condición de refugiados o personas extremadamente vulnerables donde pueden pasar algún tiempo en lo que pueden encontrar como salir adelante”.
Si bien no reveló la ubicación del mencionado albergue por temas de seguridad, indicó que toda coordinación puede ser realizada en la oficina ubicada en calle Los Nardos nro. 51 urbanización Pescaserolli o en las instalaciones de Encuentros que es el servicio Jesuita en prolongación Hipólito Unanue.
“En abril de 2018 llegamos aquí, pero antes ya trabajamos con ONGs que estaban en el país, empezamos a trabajar aquí porque vimos que había un aumento en las personas que estaban llegando a solicitar la condición de refugiados, en su mayoría de Venezuela. En Tacna abrimos una oficina por ser una zona de frontera, para nosotros la zona de frontera son claves, de riesgo y requieren ayuda adicional”, comentó.
Destacó que, ACNUR actúa de diferentes formas de la mano del Estado y otras organizaciones. «A través de ACNUR hemos podido aportar para que contraten a más de 12 personas en la Defensoría del Pueblo, para poder reforzar la Defensoría y que esta pueda ayudar a las personas venezolanas», reveló.
En cuanto a la habilitación de campamentos que eran solicitados en meses pasados en Tacna ante la numerosa presencia de venezolanos que incluso pernoctaban en la vía pública a la espera de tramitar visa en el consulado chileno. Aseveró que esto no era factible y alegó que “esos lugares son costosos para un Estado, además que se crean una especie de Gueto”.
“Cuando llegan personas refugiadas o migrantes a otro país lo más importante, para el país que recibe también, es que se puedan integrar lo más rápido posible a ese país porque entre más rápido se integren más rápido comienzan a ser productivos y apoyar el desarrollo económico. Un estudio del BBVA Research indicó que a raíz de la llegada de venezolanos se aumentó casi en 1% el PIB”, dijo.
