El presidente de la comisión de Fiscalización respondió a las críticas de poca productividad del grupo que dirige.
(Foto: Radio Uno)
Los cuestionamientos a la poca productividad de la comisión de fiscalización del Consejo Regional de Tacna generaron malestar al consejero que la preside, Iván Copaja. En cambio, enfatizó que su grupo de trabajo no es permanente, sino especial.
La comisión también está integrada por los consejeros Dany Salas y Edilberto Parihuana, quien esta semana dijo no recordar los informes del grupo de Fiscalización. Además, Copaja dijo que sesionaron el jueves, pero Salas se encontraba en una actividad en Moquegua.
Como se recuerda, el mes pasado la presidenta del Consejo Regional, Luz Huancapaza, opinó que algunos consejeros estarían avalando actos de corrupción debido a la poca productividad en sus comisiones.
INFORMES Y ASESORES
Copaja se sintió aludido y anunció que en la próxima sesión de Consejo presentará 7 informes. Dijo además que su comisión es la que más informes ha solicitado a diferentes áreas del Ejecutivo regional, incluidos reiterativos.
“Me parece algo raro que diga que la comisión de fiscalización no está trabajando. No comparto su opinión”, dijo.
Explicó que derivó varios casos de investigación a las comisiones permanentes, como el caso del proyecto regional contra la anemia, que está a cargo de la comisión de desarrollo social.
“Fiscalización es una comisión especial, no permanente”, aseveró.
En otro momento, sustentó la poca productividad de su comisión en la falta de asesores. Incluso se mostró desconfiado en que otras comisiones hayan emitido dictámenes.
Al mismo tiempo, dijo que algunos casos no los investigan porque están judicializados, como el presunto cobro de cupos para ocupar cargos en el Gobierno Regional de Tacna o las presuntas irregularidades entorno a la construcción del hospital Hipólito Unanue.
SANCIÓN
Asimismo, indicó que en la próxima sesión crearán la comisión de Ética, instancia ante la cual Huancapaza deberá comparecer para explicar su opinión.
“A pedido de 7 de los 9 consejeros, han dicho que se le pida a la presidenta para que diga quiénes avalan la corrupción, o que se retracte en sus declaraciones”, refirió.
Adelantó que la presidenta del Consejo podría afrontar sanciones que van desde una amonestación, una llamada de atención a través de un medio de comunicación local, hasta la suspensión de su cargo por 120 días.
