Especialista de IDL señaló que el gobierno no quita funciones al Congreso cuando pide un mejor proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional.
(Foto: Radio Uno)
La crisis política entre el Ejecutivo Nacional y el Congreso podría terminar en la disolución de este último. El lunes los parlamentarios no solo debatirán la cuestión de confianza anunciada este viernes por el presidente Martín Vizcarra, sino también la continuidad de ellos en el Legislativo.
Este viernes, el presidente anunció cuestión de confianza al proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), debido a que la mayoría parlamentaria buscaría que el nuevo Tribunal opine a favor de la liberación de Keiko Fujimori.
Según el especialista del Instituto de Derecho Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, el presidente podría disolver el Parlamento entre el lunes o la primera semana de octubre. Esto si el Congreso no aprueba la cuestión de confianza.
Señaló que la mayoría parlamentaria se mostró interesada en elegir a personas de su simpatía como nuevos miembros del TC. Incluso la propuesta fue aprobada esta semana en comisión de manera acelerada, la misma que será debatida el lunes en el pleno.
“Si se aprueba, se suspenderá de inmediato las elecciones en el TC. Se suspende el proceso de repartija al que estamos concurriendo”, dijo.
“Si no se aprueba, el destino del Congreso queda en manos del presidente, que probablemente el lunes o martes podría disolver el Congreso, como parte de sus facultades constitucionales”, advirtió.
Cabe mencionar que la tarde de este viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, presentó ante el Congreso un oficio en que solicita una sesión en pleno para presentar la cuestión de confianza.
Asimismo, Rivera Paz consideró que el presidente no usurpa las facultades del Congreso, debido a que el presidente Vizcarra expuso que la toma del TC significaría un favorecimiento a la corrupción, y que la lucha contra la corrupción es uno de los principales lineamientos de su política de gobierno.
“El presidente no dice que le quita facultades al Congreso, sino que la captura del TC es parte de una estrategia política de impunidad que está contradicha con los planteamientos del gobierno, en cuanto a lucha contra la corrupción”, subrayó.
