Fiscal expuso que exautoridades habrían afectado al municipio en S/502 mil, solo en 3 de los 35 presuntos actos de corrupción que les investigan.
(Foto: Radio Uno)
Este viernes 27 de septiembre podría concluir las audiencias del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Anticorrupción contra exautoridades y exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, del período 2015-2018.
La jueza Olga Cortez Valencia escuchó hasta las 10 p. m. al fiscal Ludwing Flores y los abogados de 6 de los 7 investigados. Solo queda pendiente la exposición de la defensa del exfuncionario Hugo Hernán Aduviri Soto.
Durante la tarde, Aduviri fue derivado al centro de salud de Locumba, debido a que se quejaba de fuertes dolores de uno de sus brazos. Luego lo trasladaron de nuevo al juzgado.
La audiencia será retomada este viernes a las 10 a. m., probablemente en la sede del Juzgado Mixto de Locumba y no en otro lugar.
DESFALCO
El fiscal indicó a Radio Uno que demostró en audiencia que los casos de trabajadores fantasma, servicios simulados y encargos internos ocasionaron al municipio perjuicios por 25 mil, 177 mil y 300 mil soles, respectivamente. Solo en estos tres casos la pérdida para la comuna es de 502 mil soles.
Agregó que formalizó el caso Coltani, donde investigan la presunta apropiación de 17 millones de soles, así como el caso de no cobro de penalidades al consorcio supervisor BETA que supervisaba el mejoramiento de la carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca.
Adelantó que ampliarán la investigación del caso de servicios simulados de alquiler de maquinaria para las defensas ribereñas de Mirave, donde calculan un perjuicio de 6 millones de soles al municipio.
Según el fiscal, los abogados no atacaron sus argumentos más fuertes.
Asimismo, refirió que tras los alegatos de la defensa de Aduviri, la jueza podrá emitir su fallo sobre el pedido de prisión preventiva. Pero no necesariamente podría darlo a conocer el viernes.
De otro lado Álex Choquecahua, abogado de uno de los investigados, dijo que las imputaciones no son ciertas, y afirmó que demostró que los supuestos servicios simulados y servicios por encargo sí se realizaron. Señaló que no habría argumentos para el delito de organización criminal.
