Contraloría General de la República solicita al Congreso aprobar el proyecto de ley que tipifica conductas infractoras en la función pública.
(Foto: Difusión)
La impunidad continúa en miles de casos de presuntas infracciones de servidores y funcionarios públicos, debido a la falta de precisión de parte del Tribunal Constitucional a la sentencia del 29 de abril de 2019.
Ante ello, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento público.
PRONUNCIAMIENTO
Ante la posición asumida por el Tribunal Constitucional (TC) respecto al pedido de Aclaración de laSentencia recaída en el expediente 00020-2015-PE/TC, correspondiente a la demanda deInconstitucionalidad vinculada a la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República, secomunica a la opinión pública lo siguiente:
1. Expresamos nuestra preocupación por la respuesta del Tribunal Constitucional que ha aclaradoúnicamente dos de las seis interrogantes planteadas en el pedido respecto a la sentencia,absteniéndose de emitir pronunciamiento sobre el fondo del principal efecto de su sentencia: La imposibilidad práctica de procesar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos quehan incurrido en infracción administrativa identificada en nuestros Informes de Control tantohasta antes de la sentencia, como luego de emitida la misma.
2. Esta situación, como ya lo habíamos alertado hace más de tres meses cuando se publicó dichasentencia, representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconductafuncional, generando un manto de impunidad que beneficia a más de 15 mil funcionarios yservidores públicos con presunta responsabilidad administrativa, y adicionalmente a los demásfuncionarios y servidores públicos que hasta el día de hoy han incurrido en infraccionesadministrativas; pues por los efectos de la referida sentencia, no podrán ser procesados nisancionados por la Contraloría General, situación que solo podrá variar si el Congreso de laRepública aprueba el Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG presentado por la ContraloríaGeneral, en atención a lo dispuesto a dicha sentencia del pasado 29 de abril de 2019, paraprocesar y sancionar las irregularidades funcionales que se realicen a partir de su entrada envigencia.
3. Para nuestra entidad, el TC no habría ponderado los efectos e impactos de los alcances olímites de dicha sentencia, por lo cual la Contraloría General, a través de sus ÓrganosInstructores y Sancionadores, se ve limitada de iniciar Procedimientos AdministrativosSancionadores (PAS) a cualquier funcionario o servidor público por hechos ocurridos desde2016 hasta la fecha, debiendo considerarse adicionalmente a los más de 5,000 funcionarios oservidores públicos que anualmente en promedio son identificados como presuntosresponsables de infracciones administrativas, en nuestros Informes de Control.
4. Toda esta situación afecta significativamente los esfuerzos desplegados por el SistemaNacional de Control en el proceso de implementación y fortalecimiento de las instancias acargo de la identificación y sanción de actos de inconducta funcional a nivel nacional, en elmarco de la estrategia de descentralización del control gubernamental, y ha generado que a lafecha casos emblemáticos de inconducta funcional queden en la impunidad debido a que no sesancionará a los funcionarios involucrados en casos como: Irregularidades en el ProyectoEspecial Chavimochic, Suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión del Aeropuerto deChinchero, Contrataciones de la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza del Callao,Construcción de la Vía Costa Verde del Callao, Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo en Arequipa, Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorenadel Cusco, Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita, entre otros.
5. Finalmente, y reiterando nuestro respeto al Estado de Derecho y a la respuesta al pedido deaclaración del Tribunal Constitucional, solicitamos con urgencia al Congreso de la República aque, en cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos parlamentarios, convoquea un Pleno Extraordinario que pueda debatir y aprobar el Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG,presentado por la Contraloría General de la República que tipifica las conductas infractoras enmateria de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadorade esta Entidad Fiscalizadora Superior, dando fin a esta lamentable situación de impunidadgenerada.
