Presentaron memorial en la oficina que la Autoridad Nacional del Agua tiene en el distrito Gregorio Albarracín. Dieron 72 horas de plazo al Ejecutivo para cancelar licencia de uso de agua a Southern.
Dan ultimátum a Martín Vizcarra. (Foto: Radio Uno)
Cerca de 7 mil personas llegaron al frontis de la oficina descentralizada de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ubicada la avenida Municipal, distrito Gregorio Albarracín, a fin de presentar pedidos puntuales mediante un memorial dirigido a la ANA Lima y Ejecutivo.
No fueron recibidos por el jefe de la oficina de la ANA, sino por Miguel Enrique Fernández Mares secretario técnico del consejo de recursos hídricos de la cuenca Caplina-Locumba quien alegó que el titular se hallaba en un operativo.
Dijo que canalizaría el pedido más no podía concretar una solución a los reclamos.
“Yo como representante de la ANA no les puedo decir sí o no, lamentablemente los procesos administrativos son así (…) sí daremos curso a lo que van a presentar, vamos a dar celeridad y alcanzaremos a las personas a quienes dirigen. Esto lo trataremos en la próxima reunión de consejo hídrico que es presidida por el gobernador”, anunció.
Pedidos:
- Revisión de anulación de la licencia de uso agua otorgada a Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) para desarrollar actividades en Cuajone y Toquepala.
- Nulidad de la resolución número 08-2017-DCR PH de la ANA.
- Desalinización de agua de mar para uso minero.
- Proyectos para afianzamiento de la laguna Aricota.
- Cese de operaciones de la Empresa de Generacion Electrica del Sur (EGESUR)
Cabe destacar que, el presidente de la Junta de Usuarios de Candarave, Abdín Chambilla, dio 72 horas de plazo al Ejecutivo a fin de que se pronuncie sobre los pedidos y den una solución real al problema. De no haber una respesa positiva, habrán medidas. recalcó.
Indicar que, la población desconfía de una mesa de diálogo, ellos exigen que cualquier conversación tenga como protagonistas a funcionarios con poder de decisión, caso el Premier de la República, autoridades acreditadas y que estos acudan a Candarave a constatar el daño ocasionado por la empresa minera.
