Las falencias fueron evidencias en supervisión que realizó Defensoría del Pueblo al hospital Hipólito Unanue.
(Foto: Radio Uno)
La Defensoría del Pueblo evidenció que los kits para víctimas de violencia sexual que entrega el hospital Hipólito Unanue carecen de fármacos y productos y que estos, a la vez, no se almacenan en el servicio de Emergencia, lo que constituye una vulneración de las normas sanitarias y una afectación al derecho a la salud.
Durante la supervisión a dicho nosocomio, personal de la Defensoría del Pueblo comprobó que los kits carecen de tres productos importantes: Emtricitabina y Tenofovir, utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por el VIH, y preservativos sin Nonoxinol.
Se conoció que, de marzo a la fecha, se suministraron cuatro kits y que no se cuenta con los productos señalados debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) no los envía regularmente por problemas de desabastecimiento.
De otro lado, se constató que los kits eran almacenados en el departamento de Farmacia y no en el servicio de Emergencia, donde deberían estar para garantizar una atención oportuna y con reserva hacia las víctimas de violencia sexual.
De acuerdo a la Directiva sanitaria para el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual, aprobada el 7 de marzo último por el Minsa, los hospitales de todo el país están obligados a garantizar la disponibilidad de dicho procedimiento. El hospital Hipólito Unanue, por ser de nivel II, debe contar con el kit completo permanentemente, según la directiva.
La norma establece también que los productos farmacéuticos y dispositivos médicos incluidos en el kit son suministrados por el Minsa, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Además, es obligación de las direcciones regionales de salud coordinar el abastecimiento y reabastecimiento oportuno de los productos del kit, a fin de no interrumpir las atenciones por violencia sexual cuando sean requeridas.
La Defensoría del Pueblo reitera que todas las instituciones del Estado deben tomar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar y que la violencia sexual constituye un delito grave, que vulnera la dignidad y la integridad física y psicológica de toda persona.
