La Corte tendrá que iniciar una investigación preliminar, cuyos resultados determinarán si se cometió una violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Si es así, iniciaría un proceso contra Maduro y la cúpula de su gobierno por estos hechos.
Investigarán al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la cúpula de su gobierno.
El Gobierno del Perú tomó la iniciativa de solicitar a la Corte Penal Internacional que investigue al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la cúpula de su gobierno, por la comisión de delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, informó hoy el canciller Néstor Popolizio.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, explicó el ministro de Relaciones Exteriores en una reunión con medios de comunicación nacionales e internacionales.
Indicó que la solicitud se basa en los informes elaborados, por separado, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ambos documentos señalan a Venezuela como una nación donde se comente una sistemática violación a los derechos humanos.
La CIDH precisa en su informe que “desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017”.
El ministro Popolizio comentó que «la iniciativa del Perú será presentada, probablemente, en un par de semanas».
Explicó el procedimiento a seguir una vez presentado el pedido de manera formal: “La Corte tendrá que iniciar una investigación preliminar, cuyos resultados determinarán si se cometió una violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Si es así, iniciaría un proceso contra Maduro y la cúpula de su gobierno por estos hechos”, detalló.
La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
Esta corte tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.
