Ante la imposición de sancionar a las autoridades que participen en huelgas, establecida en el decreto 982, el titular de la Región Loreto, Yván Vásquez, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra las últimas normas promulgados por el ejecutivo.
Vásquez manifestó que es un atentado contra la libertad de cualquier ciudadano, sea elegido o no. "En este caso, se trata de las autoridades que hemos sido elegidas para poder expresar nuestras posiciones de rechazo a las injusticias del centralismo que siempre nos ha asfixiado", dijo.
Igualmente el alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, anunció que conjuntamente con el presidente regional Juan Manuel Guillén, presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto legislativo, coincidentemente con la posición del presidente regional de Puno Hernán Fuentes, quien consideró que la medida atenta contra los gobiernos regionales y anticipó que se evalúa denunciar constitucionalmente al presidente García Pérez por tal imposición.
Por su lado, el coordinador de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Vladimir Huaroc, se mostró sorprendido por la promulgación de dicho decreto y ha solicitado al Ejecutivo que reconsidere la decisión ya que podría alterar más los ánimos de la población
Estas voces se suman a las de sus homólogos de Ancash, Cusco y Loreto quienes expresaron que este decreto atenta contra la libertad de expresión y de movilización consagrados en la constitución.
Pero Yehude Simon, Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, mantiene la esperanza que el gobierno dará un paso atrás con este decreto sosteniendo que es un error plantear la posibilidad de vacancia y que la policía o el ejército pueda efectuar medidas represivas ante una situación difícil, por lo que pidió que se puntualice en el Código Penal las sanciones para las autoridades que participen en tomas de carreteras o protestas, y que no sea tan general como en la actualidad.
