La medida provisional exige que el proceso quede suspendido hasta que el pleno de la CorteIDH conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 período ordinario de sesiones.
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El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Roberto Caldas, ordenó hoy al Estado peruano suspender «inmediatamente» el proceso que el Congreso tiene en marcha para inhabilitar a un juez del Tribunal Constitucional y suspender a otros tres compañeros suyos.
La medida provisional exige que el proceso quede suspendido hasta que el pleno de la CorteIDH conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 período ordinario de sesiones, que celebrará en su sede en San José, del 29 de enero al 9 de febrero de 2018.
La CorteIDH concedió de plazo hasta el 10 de enero a los agraviados para especificar cuál es el mandato específico que requieren que sea adoptado por el tribunal y por cuánto tiempo, además de para completar su argumentación sobre el impacto que puede tener el proceso en trámite.
La audiencia por este caso está prevista que se celebre el 2 de febrero de 2018.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó esta semana un informe del congresista fujimorista César Segura donde recomienda inhabilitar por diez años al juez Eloy Espinosa-Saldaña y suspender por un mes a los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos.
Las sanciones propuestas en el informe son por supuestamente haber cambiado el sentido del voto de otro magistrado en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, donde se juzga a un grupo de miembros de la Armada peruana por la supuesta ejecución extrajudicial de presos rendidos tras un motín en 1986.
Los cuatro jueces alegan que se limitaron a interpretar el sentido del voto singular emitido por el exmagistrado Juan Vergara para tener una mayoría de cuatro votos que permitiera al Tribunal tener mayoría solamente en el aspecto de declararse inhábil para decidir si los delitos de El Frontón son de lesa humanidad.
Espinosa-Saldaña recordó la pasada en una conferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que la argumentación de Vergara era ambigua, pero que en varias ocasiones manifestó públicamente su posición de que el Constitucional no podía catalogar la naturaleza de los delitos cometidos en este caso.
Los magistrados consideran que el proceso emprendido por el Congreso vulnera la autonomía del Tribunal Constitucional en un caso que todavía no está cerrado porque condiciona su actuación y amedrenta el ejercicio del resto de magistrados del sistema judicial de Perú.
Si esos cuatro magistrados del Constitucional son separados, el Congreso, donde el fujimorismo tiene mayoría absoluta, puede elegir a sus sustitutos en un momento donde existen importantes casos por resolver en ese órgano de máximas garantías.
Entre los casos pendientes de resolución está el hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, contra la sentencia que condenó a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.
A los cuatro jueces implicados les queda menos de año y medio en el cargo, pues su mandato finaliza en 2019, cuando el Congreso debe elegir a sus sustitutos.
La CorteIDH ya repuso en el año 2001 a los magistrados del Tribunal Constitucional destituidos en 1996 por anular la ley de interpretación auténtica, que permitía la segunda reelección consecutiva del encarcelado Fujimori.
Fuente: Gestión
