Juez Richard Concepción ordenó medida contra cuatro de los cinco empresarios peruanos investigados por el caso. Al quinto se le dictó arresto domiciliario debido a su salud.
Lucha contra la corrupción.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro ex representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, que fueron socias de la brasileña Odebrecht en la ejecución de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
La medida, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, alcanza a José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).
Fiscalía logró que Sala Penal Nacional declare fundado el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra los investigados José Fernando Castillo, Fernando Camet Picone, Hernando Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada, por delitos de lavado de activos y colusión. pic.twitter.com/jxpihzuK8J
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 4 de diciembre de 2017
En el caso de Ferraro Rey, debido a su delicado estado de salud, se le impuso un arresto domiciliario en una clínica y bajo una serie de medidas restrictivas.
Graña Miró Quesada, Camet Piccone y Castillo Dibós son acusados del presunto delito de colusión. Adicionalmente, Camet Piccone, Castillo Dibós, Ferraro Rey y Graña Acuña son acusados también del presunto lavado de activos.
Al término de la audiencia, que se prolongó hasta casi las 4:00 a.m., el magistrado dispuso la detención y captura de los investigados.
Posteriormente, las defensas legales de los acusados anunciaron que apelarán el fallo «en todos sus extremos». Sin embargo, también señalaron que los investigados se pondrán a derecho.
-Detalles del fallo-
En la lectura de su fallo, el juez Concepción explicó que, en los casos de Graña Miró Quesada, Camet Piccone y Castillo Dibós, sí se habría efectuado el presunto delito de colusión.
El magistrado explicó que el pacto colusorio que imputa la fiscalía se dio en dos momentos. El primero se estableció entre Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y el ex presidente Alejandro Toledo, quienes acordaron un soborno de US$20 millones. El segundo se dio cuando los entonces representantes de las empresas consorciadas tomaron conocimiento del pacto.
Asimismo, el juez refirió que como mínimo a Camet y Castillo se le impondría 11 años, al ser acusados de colusión y lavado de activos. A Ferraro Rey y Graña Acuña les tocaría mínimo 8 años de cárcel. Sobre Graña Miró Quesada, acusado solo de colusión, le correspondería hasta 6 años de pena privativa de la libertad.
En todos los casos, señaló el juez Concepción, se cumple el requisito para solicitar prisión preventiva.
Además, el juez sostuvo que debido a la gravedad de la pena es probable que los investigados pretendan eludir la justicia, por lo que estableció que su arraigo en el Perú «no sería de una calidad plena».
El juez Concepción Carhuancho refirió que los investigados habrían coordinado de manera “subrepticia” con Odebrecht a fin de adjudicarse los tramos II y III de la Interoceánica. Añadió que ellos habrían trabajado “pactos por debajo de la mesa”, en referencia al reembolso a Odebrecht por el soborno que pagó Alejandro Toledo.
