( Reina Alarcón Escobar) En medio del desinterés gubernamental por resarcir moralmente el daño ocasionado a un parte importante y sensible del país y ante las críticas de algunas autoridades nacionales quienes en vez de actuar se ponen también como posibles "víctimas" , hoy se cumplen 5 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
"La Historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso, de auténtica postración nacional. Pero con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a contar en las páginas del informe que hoy entregamos a la Nación. Las dos décadas finales del siglo XX son – es forzoso decirlo sin rodeos- una marca de horror y deshonra para el Estado y la sociedad peruanos". Así comenzaba su discurso en Palacio de Gobierno, el otrora presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aquel 28 de agosto del 2003, poniendo en el tapete la real y cruda cifra de 69,280 víctimas de la violencia desatada entre 1980 al 2000.
Tema que nos lleva a pensar y reflexionar sobre cuánto hemos hecho como Estado Peruano para tomar en cuenta las recomendaciones entregadas por este grupo de trabajo, que tras largas sesiones en contacto con los entes involucrados, buscó la forma de hacerles justicia y desagraviar a nuestros hermanos, quienes por espacio de 20 años gritaron en silencio sus despojos.
Así como hay personajes públicos que critican sin conocer lo que reprochan y un régimen aprista que mira desde una esquina y olvida que su primer gobierno también está registrado en este hecho de la historia, han salido las voces defensoras de Salomón Lerner Febres presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de Rosa Villarán secretaria general del Movimiento "Para que no se repita".
Lerner Febres lamentó que el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y el comandante general del Ejército, general Edwin Donayre, entre otros; critiquen el Informe Final de la Comisión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sin haberlo leído en su edición impresa de 5 mil páginas o en la edición resumida.
"Hay quienes se pronuncian sobre el informe sin haberlo leído, porque hay contradicciones entre lo que ellos dicen y lo que dice el informe. En las conclusiones se indica, en primer lugar, la responsabilidad principal que tuvo Sendero Luminoso en toda esta violencia que sufrió el país", precisó, sin dejar de mencionar que al equipo que presidía se le ordenó indicar las causas probables de que surgiera un movimiento terrorista así; lo que conllevó a que plantearan que en el Perú no hay una democracia plena, pues existe exclusión, discriminación y falta de reconocimiento de derechos al ciudadano común que para el estado peruano no existe.
Puso de manifiesto su crítica a los gobiernos, incluido el presente, por no asumir sus responsabilidades con las víctimas de la guerra del antiterrorismo. Dijo que es una pena que se olvide una cosa elemental como la diferencia entre gobierno y Estado y la continuidad que debe hacer entre los gobiernos en función de la unidad del Estado.
Salomón Lerner Febres remarcó que eso de decir "Nosotros no fuimos culpables de eso, fueron otros gobiernos y ellos debieron resarcir a las víctimas de Sendero", es querer desligarse del Estado siendo Estado y que como gobierno quiere olvidar las tareas del Estado.
De otro lado, resalto las disculpas públicas del ex presidente Alejandro Toledo a las víctimas de la violencia desatada entre 1980 al 2000, prometiendo el resarcimiento moral y económico; lo cual indicó, se ha cumplido más o menos.
Para la secretaria ejecutiva del Movimiento "Para que no se repita" Rosa Villarán el país ha dado significativas muestras de avance en el tema de la reconciliación y los derechos humanos.
"La Comisión Multisectorial de Alto Nivel ha avanzado. Se ha dado un proceso de reparaciones colectivas. Para ello, se ha destinado los recursos del Estado, en el 2005, 10 millones de soles; en el 2006, 215 millones; en el 2007, 30 y actualmente 40 millones de soles para este programa que en total está beneficiando a 903 comunidades de 13 regiones del país con una modalidad de entrega de 100 soles para cada una de estas comunidades".
Lamentó que algunas autoridades gubernamentales tergiversen las cosas aduciendo que se pretende poner al Estado de Rodillas, con la imperiosa necesidad de pedir disculpas a las víctimas por los excesos en la lucha antisubersiva. Dijo además que estos mismos personajes, deberían tener más cercanía con las viudas de las Fuerzas Armadas y Policiales; puesto que el conflicto involucró a todos.
"Los pedidos de perdón son de alta responsabilidad, de ninguna manera puesta de rodillas, sino todo lo contrario, es separar a quienes violaron los derechos elementales de muchas comunidades, es una pena que tengas estas declaraciones", sentenció Villarán al punto de señalar que no se debe confundir el término desarrollo con el de reparación, pues ello amerita condiciones distintas y un compromiso de trabajo de las autoridades y la sociedad civil.
