Dos horas 40 minutos de debate en el Pleno del Congreso, originó el viernes 22 el proyecto de ley que propuso la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, que unificaban los procedimientos de las comunidades campesinas para permitir la inversión privada en sus tierras y mejorar su producción.
Luego de la intervención de 31 congresistas de diversas bancadas, el presidente de la sesión y titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, decidió poner al voto el nuevo texto sustitutorio que presentó el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Roger Nájar (Bloque Popular).
La propuesta era más simple: destituir ambos DL y restituir los artículos 10º y 11º de la Ley 26505, de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
La norma aprobada con 66 votos a favor y 29 en contra, restituye la decisión de que para disponer, gravar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con una votación no menor de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.
Nájar Kokali dijo que el Congreso debería estar a la altura de las circunstancias, en función de lo que consideraba correcto y lo que deciden sus representados. Dijo que la comisión del Congreso tuvo cuatro meses para pronunciarse sobre ambos decretos legislativos, pero no lo hizo, por lo que el Poder Ejecutivo emitió los referidos decretos y quiso imponerlos a la representación nacional.
El congresista señaló que el Ejecutivo tiene vocación por el exceso y en este caso había sobrepasado el marco jurídico y deseoído la voz de las comunidades nativas y de la iglesia.
La congresista Helvezia Balta (PAP), presentó un dictamen en minoría, que recomendaba la no aprobación del proyecto de ley en debate. Dijo que el DL 1015 no creaba un nuevo derecho sustantivo o material en el ordenamiento jurídico peruano, que era constitucional, y no excedía las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.
Comentó que los decretos se adecuaban al marco teórico y se sujetaba a los compromisos asumidos con la firma del TLC con los Estados Unidos y sus enmiendas. Afirmó que no debería establecerse límites en la decisión de aquellos que tienen la titularidad de las tierras campesinas y nativas.
El debate general se inició con la opinión del congresista Aldo Estrada Choque (UPP), quien afirmó que se trataba de una norma de carácter humano, que los DL eran nulos de hecho y estuvo de acuerdo con su derogatoria.
Por su parte, Gabriela Pèrez del Solar anunció que su bancada, Unidad Nacional, no avalaba la forma agresiva y ligera con la que el Ejecutivo expidió los decretos legislativos. Pidió diálogo con las comunidades y sesiones descentralizadas para informar sobre los propósitos de la política de inversiones en la sierra y selva del Perú.
Alda Lazo de Hornung (Bloque Unión Nacional) criticó al Ejecutivo porque tuvo un mal precedente y no entregó a tiempo el proyecto para debatirlo conjuntamente con el Congreso. Estuvo de acuerdo con la derogatoria.
En el mismo sentido se expresaron los congresistas Juvenal Silva (GPN), Rolando Sousa (GPF), quien se refirió a las razones "de fondo" (jurídicas y legales) más que "de forma". Dijo que los DL eran abiertamente inconstitucionales; Yonhy Lescano y Carlos Bruce, de Alianza Parlamentaria.
Seguidamente pidieron la palabra para oponerse a los DL, los legisladores Elizabeth León (Bloque Popular), José Maslucán (GPN), Lourdes Alcorta (UN), Karina Beteta (UPP), Gloria Ramos Prudencio (NoA), Carlos Raffo (GPN), y Víctor Mayorga (GPN).
En sus intervenciones, expresaron que los DL eran inconstitucionales, que su aprobación iba a generar un alto costo social, y que el manejo del Ejecutivo en este tema había sido torpe. Raffo, por ejemplo, pidió que se deje de lado la intransigencia porque se trataba de un tema de principios…"se ha querido hacer la revolución de un plumazo".
De la bancada oficialista se pronunciaron por la validez de los decretos, los congresistas Mauricio Mulder y José Vargas. El primero dijo que los decretos pretendían un "cambio revolucionario" en las comunidades campesinas y nativas para sacar de la pobreza a sus pobladores y los que se oponían a ello quieren mantener su statu quo. Señaló que los opositores mantenían posiciones anacrónicas, pero el Ejecutivo estaba dispuesto al diálogo.
José Vargas defendió la constitucionalidad de los decretos y dijo que los que se oponían estaban adoptando un viejo discurso.
A su vez, Javier Valle Riestra, afirmó que defendía al Estado, no al gobierno, y que la discusión sobre el tema era medieval, sobre el principio de que comunidad es igual a territorio y territorio igual a nación, lo que no es verdad. Dijo que aprobar la derogatoria de los DL sería una claudicación y propuso como salida que se reglamentase las normas en discusión.
Otros legisladores que opinaron al respecto, fueron Javier Bedoya ("hay que tender caminos para incorporar a las comunidades a los beneficios de la explotación de los recursos"), Hilaria Supa (GPN), Oswaldo Luízar (Bloque Popular), Rolando Reátegui, Carlos Torres Caro (NoA), María Sumire (PAP), Nidia Vílchez y Alejandro Rebaza (PAP).
El debate concluyó a las 2:20 pm, luego de lo cual se puso al voto el proyecto de ley en mayoría. Luego de su aprobación, se le exoneró de segunda votación.
