"El Ejecutivo es el principal responsable de las movilizaciones de las comunidades nativas y deberá asumir las consecuencias que puedan derivarse del estado de emergencia declarado el fin de semana", dijo la congresista indígena María Sumire de Conde.
La congresista del Partido Nacionalista agregó, "el Ejecutivo aprobó en mayo último varios decretos legislativos para facilitar la inversión de grandes empresas poniendo en riesgo la existencia de las comunidades campesinas y nativas".
Estos decretos han sido aprobados por el Ejecutivo sin consulta alguna a las comunidades afectadas, contraviniendo lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT, que tiene fuerza de ley en el Perú, afirmó.
La legisladora cusqueña preguntó por qué el gobierno modificó la ley 26505 que establecía el voto de 2/3 de todos los miembros de la comunidad para disponer las tierras comunales de la sierra y de la selva. Con esa votación calificada se garantizaba la integridad de las tierras comunales, puntualizó.
Para facilitar la inversión privada en las tierras comunales el Gobierno dio en mayo último el decreto legislativo 1015 que reducía el voto de 2/3 de todos los miembros de la comunidad (66 por ciento) a 50% de los miembros asistentes a la Asamblea.
Debido a reacciones de las comunidades y de especialistas, el Gobierno dio el decreto legislativo 1073 que precisa que para disponer de tierras comunales se requiere el voto del 50% de los comuneros posesionarios con más de un año. Aunque se elevó la valla del 1015 se mantuvo la esencia privatista de las tierras, agregó la congresista Sumire.
Criticó también el decreto legislativo 1064 que elimina el requisito de acuerdo previo entre las comunidades mineras y las empresas de exploración y explotación de energía para que puedan trabajar en sus territorios.
Con este decreto, según la parlamentaria cusqueña, los comuneros quedan sin capacidad de negociación y las empresas podrán operar en las tierras comunales con sólo tener licencia del Ministerio de Energía y Minas.
Para la Congresista Sumire, el Gobierno ha demostrado que no tiene ningún respeto por las comunidades. Sin embargo es sumiso con los dictados de los empresarios y las corporaciones transnacionales. A ellos sí les respeta la estabilidad jurídica de los contratos, puntualizó.
Ante la protesta de las comunidades el Gobierno se niega a derogar los decretos cuestionados y dicta el estado de emergencia en Amazonas, Loreto y Cusco. Ahora acusa de violentistas a los nativos y se olvida de que estos simplemente reaccionan ante leyes privatistas que ponen en riesgo el futuro de las comunidades.
"Responsabilizo a las autoridades del Gobierno por las consecuencias que pudiera traer las medidas represivas contra los nativos", afirmó la congresista Sumire.
