Exconsejero rechazó la decisión del Gobernador Omar Jiménez quien en la víspera autorizó al procurador público llegar a un acuerdo con la asociación que mantiene la posesión de 35 hectáreas de terreno regional.
Roman Carrillo exconsejero regional de Tacna.
El exconsejero regional Román Carrillo rechazó que el gobernador regional Omar Jiménez haya autorizado que el procurador público concilie en el proceso civil de desalojo que lleva la región en contra de la Asociación de Pequeños Empresarios Región Tacna (APERTAC) que ocupa 35 hectáreas de un terreno regional.
Para Carrillo la decisión de la autoridad regional envía un mensaje preocupante para la población toda vez que hace a un lado el trabajo de las autoridades fiscalizadoras que encontraron serios indicios de corrupción en el caso.
“A mí me preocupa bastante porque el gobernador tiene conocimiento del informe número 1167 que fue remitido a su despacho a través del oficio Nro. 486 por parte de la Contraloría General de la República. Un informe que tiene más de 150 páginas que da cuenta cómo es que de forma irregular se han entregado esta 90 hectáreas, 900 mil metros cuadrados», mencionó.
El exconsejero recordó que durante la gestión de Tito Chocano se creó una figura «legal» para entregar el terreno a la APERTAC encargándole su cuidado. Recalcó que el Gobierno Regional de Tacna (GRT) no recibió ningún dinero por el terreno pero los dirigentes de dicha asociación lotizaron y vendieron todo. Por eso cuestionó que ahora la región se conforme con conciliar en lugar de recuperar el predio.
«(La Contraloría) señala que ha habido una total irregularidad en la entrega de terrenos y no solamente eso, en el informe dan cuenta que dichos terrenos, en el 2012 estaban valorizados aproximadamente en 15 millones, al 2014 han sido valorizados en 20 millones de dólares quiere decir -bajo esa lógica- que hoy 2016 debería estar costando un promedio de 25 millones de dólares, son 75 millones de soles aproximadamente ¿eso es lo que va a perder la región?».
Carrillo manifestó que al parecer todo el trabajo que hizo la gestión anterior quedará en saco roto pese que ganaron el proceso de desalojo en primera y segunda instancia, y ahora esperan el resultado de la casación.
«Por un criterio mínimo de respeto a la población y a los entes jurídicos deberían por lo menos esperar a que salga el informe, la última sentencia de casación para ver que se hace, pero no, se adelanten y están con el tema de conciliación tratando de beneficiar a los dirigentes», acotó.
