Internacionalista Rodríguez Mackay, expresó que la intención chilena responde a la creación del distrito La Yarada los Palos.
Internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackay.
La posible expropiación de “El Chinchorro” al Estado Peruano será tocado nuevamente en Arica. Esta vez en la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento de Chile que sesionará en esa ciudad el próximo 18 de enero, y que tendrá la participación del canciller chileno Heraldo Muñoz.
Al respecto el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay expresó su molestia por la intención chilena, calificando la misma de caprichosa puesto que ésta responde a la creación soberana del distrito “La Yarada Los Palos”, comentó.
“Es una caprichosa actitud chilena que no corresponde a una respuesta y reacción alturada y madura de un país, incluso con una próxima sesión en Arica con la presencia del Canciller Heraldo Muñoz”, expresó.
Refirió que en Chile se tiene que entender claramente que el derecho nacional chileno está subordinado y supeditado al derecho internacional de los tratados que es precisamente el tratado de 1929 que firmaron los dos países y puso fin al funesto proceso histórico de chilenización por más de 50 años.
“En el artículo 7 refiere que ambos países deben respetar los derechos privados legalmente adquiridos por los territorios que han quedado en sus soberanías. Es una locura querer arrebatarnos lo que jurídicamente corresponde al estado peruano, El Chinchorro que lo tenemos desde 1926, anterior a la firma del tratado de Lima el 3 de enero de 1929, eso explica y justifica porque se redactó el artículo séptimo del tratado que se debe respetar”.
Como se sabe, pese a que en enero del 2015, el gobierno peruano declaró de “interés nacional y necesidad pública” la ejecución y desarrollo de un complejo cultural” en el citado terreno, son mayores las voces en Arica que sugieren adoptar un posición más dura con respecto al panorama internacional y tomar posesión del predio peruano para fines inminentemente inmobiliarios (programas de vivienda) para un aproximado de 250 familias.
Para el internacionalista, “la Cancillería debería analizar cuál será el proceso que ha devenir de esta reunión de la comisión de Relaciones Exteriores y evidentemente actuar con firmeza y hacer saber a Chile que la propiedad privada se respeta”.
