La coordinadora del Grupo Parlamentario Junín, Martha Acosta (GPN), sostuvo que las normas contra la contaminación por parte de las empresas son muy flexibles y no se cumplen en el país, por lo que planteó la formulación de un proyecto que permite la penalización de las mineras o empresas contaminantes que no cumplan con su compromiso de no afectar el medio ambiente.
Fue después de escuchar opiniones de distintos sectores de Junín que se reunieron con los parlamentarios de ese departamento, identificados como Bloque Junín, para discutir sobre la problemática ambiental del Valle del Mantaro y el tratamiento de las aguas ácidas del túnel Kingsmill.
A la sesión, que se desarrolló el día de ayer durante más de tres horas, asistieron también los congresistas Édgar Reymundo (UPP), Ricardo Pando (GPF) y Nidia Vílchez (PAP), quienes escucharon con atención las exposiciones de los representantes y se comprometieron a realizar su tarea de fiscalización en bien de la población de esa parte del país.
El congresista Oswaldo Luízar, asistió en calidad de invitado a la sesión del grupo parlamentario para conocer su experiencia y trasladarla a su región, el Cusco, que tiene una problemática similar.
La congresista Acosta Zárate expresó su preocupación porque, pese al daño que se produce a los residentes de las zonas aledañas a los yacimientos mineros, hasta el momento no hay mecanismos que impidan ese mal. Más aún, hizo notar que también son afectadas las poblaciones de Lima, Huancavelica y Ayacucho que se abastecen con productos alimenticios regados con aguas contaminadas.
Durante la sesión, Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, hizo una invocación a todos los sectores para solucionar el problema en conjunto y sin violencia.
La directora del proyecto "Mantaro Revive", Paula Meza, explicó la existencia de más de 14 elementos tóxicos en el agua, entre ellos el arsénico y el cadmio, que son cancerígenos, según los diversos monitoreos realizados por su organización.
A nombre de la empresa minera Perú Copper, Gerald Wolfe informó que ya se encuentra avanzada la construcción de la planta de tratamiento de las aguas ácidas del túnel Kinsgmill, por donde salen las aguas contaminadas, para la cual tiene un plazo de 18 meses. Es decir que en el 2009 será entregado al Estado.
Indicó que la durabilidad de la construcción está prevista para 30 años, pero que puede ser más, tiempo en el que solucionará el problema de la contaminación en la zona.
A nombre de los agricultores, Rolando Granados reclamó por la situación por la que atraviesan como consecuencia de la contaminación en la que no solo se afectan sus familias sino también sus animales y sus sembríos.
Más adelante, Carlos Villachica, quien estuvo a cargo de la construcción de la planta "Victoria" de la empresa minera Volcan, sostuvo que Junín no tendría que esperar 18 meses para atender la dramática demanda de la población, porque existe una tecnología peruana, que fue discriminada, a pesar de su eficacia en costo y celeridad, puesto que podrían haber entregado la obra en sólo cuatro meses.
La vice-ministra de Ambiente, Ana María Gonzáles del Valle, señaló que al momento los Ministerios de Energía y Minas y de Salud habían echado a andar el proceso y se había seleccionado a la empresa constructora y lo más recomendable era seguir adelante, sin fricciones y con ánimo de encontrar soluciones.
No fue de la misma opinión Juan Ospino, de la Mesa de Diálogo Ambiental Minera, quien consideró necesario estudiar los mecanismos de solución más inmediatos, porque la población no puede esperar más tiempo para enfrentar la contaminación.
