Como una decisión vergonzosa calificó Guisela Ortiz representante de los familiares de las víctimas del caso "La Cantuta" , la disposición emanada por el juez chileno Orlando Álvarez quien rechazó el proceso de extradición de Alberto Fujimori a nuestro país consignado en un extenso fallo de 122 considerandos, pese haber conocido este proceso durante casi dos años.
"Nos parece inconcebible que después de tantísimo tiempo no se haya sabido valorar no sólo aquellos documentos que acompañan el proceso de extradición sino también aquellas explicaciones que le hicimos llegar a Orlando Álvarez…En 4 oportunidades hemos conversado con él para explicarle que no sólo el caso La Cantuta y Barrios Altos son los únicos crímenes que se cometieron durante la dictadura de Fujimori y parte de esta política sistemática, sino muchos otros detallados en su momento" aseveró.
Pese a ello -continuó- no ha tenido la capacidad de análisis del contexto y ello es muy lamentable porque así sella su carrera profesional con el afán de apoyar la impunidad y de impedir que como familiares tengamos ese derecho irrenunciable de procesar y juzgar a este violador de los derechos humanos. Sin embargo creemos que no es una situación aislada sino más bien corresponde a una presión política que ejerce Japón sobre este asunto".
Manifestó además que parece increíble que conocido el dictamen emanado por la fiscal Mónica Maldonado, que presenta un sustento jurídico de lo que había sido la violación de los derechos humanos, tomando además en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado chileno deja sin efecto la visibilidad del proceso.
Ortiz expresó que es muy penoso todo esto, porque se pensó que la justicia chilena iba actuar a favor en resarcimiento de los errores del pasado cometidos por el régimen del dictador Augusto Pinochet sin embargo con la resolución ya no se puede esperar nada positivo.
Igualmente, precisó que ello les quita la esperanza que Chile vaya a pronunciarse a favor de la extradición de Fujimori especialmente por los casos de los derechos humanos, ya que lo que ha hecho Álvarez es cobrarle el pasaje a Fujimori para que regrese a la impunidad en Japón y que como familiares no tengan la oportunidad ni el derecho de juzgarlo, procesarlo y sancionarlo por la desaparición y muerte de sus deudos.
Como se sabe al ex presidente Alberto Fujimori se le imputan actos de corrupción y violación a las derechos humanos por el asesinato de los estudiantes de La Cantuta en julio de 1991 y el crimen contra un grupo de personas en Barrios Altos en noviembre de 1991.
