En conferencia a la prensa llevada a cabo por los miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH y familiares de las víctimas del régimen fujimorista , se informó que al conocerse la determinación del juez chileno Orlando Alvarez de dejar sin efecto el proceso de extradición en primera instancia ; Alberto Fujimori podría ser expulsado de Chile si la Corte Suprema ratifica el dictamen ; no descartando que esa misma instancia de justicia podría hacer una nueva evaluación del proceso siempre y cuando lo solicite el estado peruano.
Francisco Soberón director de APRODEH señaló que el gobierno debe trabajar en este asunto, pues los argumentos jurídicos los respaldan, por lo que se comprometieron en seguir insistiendo y batallando ante la opinión pública chilena y peruana exigiendo justicia en esta demanda, calificando además como un escollo el informe del magistrado chileno, declarando inaceptable el documento.
Luego de evocar los momentos de tensión, oprobio y matanza vividos por los chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet, precisó que jamás imaginaron que Chile diera la espalda a los familiares y a la sociedad peruana que exige su derecho a que Fujimori sea extraditado a nuestro país para que responda ante los tribunales de justicia por los delitos cometidos.
De igual modo, mencionó que la fuerza y el ímputo de los deudos de las víctimas de este régimen han sido los verdaderos impulsores en esta lucha contra la impunidad, por lo que se comprometió frente a ellos a seguir luchando con el mismo vigor y contundencia hasta alcanzar la justicia plena.
Por ese motivo invocó a las organizaciones sociales, políticas, culturales, artísticas, gremios sindicales, académicos, intelectuales, universitarios y a los sectores comprometidos con los valores y principios de los derechos humanos a levantar su voz de protesta para no ser avasallados una vez más por la impunidad.
Por su parte Gloria Cano, abogada de los familiares del Caso La Cantuta, informó que la resolución recibida del juez Orlando Alvárez dista mucho de lo que había señalado la fiscal Mónica Maldonado, pues si bien es cierto que el juez chileno coincide en varios puntos planteados en los cuadernos de extradición , sin embargo señala que no ha habido pruebas contundentes y suficientes que vinculen a Fujimori en los casos que se le imputan.
Basándose en el documento, refiere que en los Casos Barrios Altos y La Cantuta, el dictamen chileno asevera que los únicos responsables son los miembros del ejército, mientras que el ex presidente Fujimori no tenía que hacer nada en el asunto, pues las fuerzas militares actuaron por motivaciones particulares.
También remarca que si bien la ley de aministía fue dada en su gobierno para dar paso a la impunidad, quien cometió el ilícito no fue el prófugo de la justicia peruana sino el legislativo, porque lo único que hizo Fujimori fue promulgar la referida norma en su calidad de mandatario.
Lo más grave es lo que se estipula en la página 70 de los 122 considerandos de la resolución, donde el juez Álvarez aduce que no debe confundirse la relación que pudiera tener Fujimori con el grupo paramilitar Colina para los efectos de combatir el terrorismo, incidiendo en que ello no amerita que exista ligazón en los actos cometidos posteriormente.
Asimismo, Cano insiste en señalar su extrañeza que el juez chileno desconozca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no juzga personas sino estados, al indicar éste que el prófugo no fue condenado por dicho ente supranacional.
En esta reunión con los hombres de prensa no sólo estuvo presente Francisco Soberón director de APRODEH, Gloria Cano la abogada de los deudos de la Cantuta sino también Guisela Ortiz hermana de uno de los nueves estudiantes de la Cantuta y demás familiares de las víctimas del funesto régimen del prófugo de la justicia peruana, quienes lamentaron y manifestaron su indignación por el fallo de la justicia chilena en primera instancia que rechaza la extradición de Fujimori , atribuyéndole una presión del gobierno japonés.
