Ex ministro Carlos Herrera Descalzi señaló que hay cláusulas sensibles que necesitan de consenso con el Estado.
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Al menos cinco ministros que formaron parte del Consejo Directivo de ProInversión podrían resultar incluidos en las pesquisas que desarrolla la Segunda Fiscalía Anticorrupción sobre el caso del Gasoducto del Sur en el cual se investiga un presunto favorecimiento en la millonaria adjudicación al consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht y la firma española Enagás.
Según documentación de la Contraloría, el 9 de junio de 2014, los entonces ministros Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Luis Miguel Castilla (Economía), Milton von Hesse (Vivienda), José Gallardo Ku (Transportes) y Juan Benites (Agricultura) aprobaron la modificación del contrato de la referida licitación que terminó beneficiando a la constructora brasileña, la cual está bajo indagación en su país por supuestos actos de corrupción.
El órgano de control detectó este hecho luego de comparar las tres versiones del contrato de concesión, el cual es por 34 años e implica el desembolso de más de US$7 mil millones. En tal sentido, el órgano de control señala que “dicha potestad desnaturaliza el propósito de la concesión de contar con un operador calificado que cumpla con determinados requisitos mínimos”.
El citado contrato exige a Enagas no solo acreditar su experiencia, sino que se encargue de las operaciones técnicas del sistema de transporte y que “asuma solidariamente con el concesionario (Odebrecht) las obligaciones derivadas de las operaciones técnicas previstas”.
Por esto último, para la Contraloría, los referidos últimos cambios en el documento contractual contradicen las bases de la licitación.
Al respecto, el Ing. Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, refiere que existen dentro de los contratos y las bases cláusulas que permiten potestad para hacer modificaciones donde no se involucra el capital, pero hay otras cláusulas que involucran calidad son sensibles.
Al permitirse que Odebrecht cambie de socio por uno que cuente con menos calidad, Descalzi considera que se debe haber tenido el consentimiento del Estado, lo cual debe estar bajo investigación.
Señala que los ministros, miembros del directorio de ProInversión tendrían responsabilidad si han aprobado relajar las exigencias de las bases.
