Según el ex consejero regional, Rafael Vargas, la procuradora Karina Valcárcel debe estar al frente de la denuncia contra Yarascay.
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El lunes 9 se inicia el proceso sancionador contra Consorcio Yarascay, el cual se dividirá en dos etapas, en Lima ante el Tribunal del OSCE y el arbitraje, en la Cámara de Comercio de Tacna. El Proyecto Especial Tacna envía con dos días de anticipación a dos abogados para una exposición de 10 minutos.
Al respecto, Rafael Vargas, ex consejero regional, considera que en el proceso sancionador, los abogados que expondrán en 10 minutos deben tener la capacidad de sintetizar y defender sus argumentos, en tal medida de que el Tribunal que resolverá no tenga duda de sancionar a las 3 empresas.
Señala que hay todo un entorno que no se puede desmembrar para analizarlas de manera independiente. “A la procuradora Karina Valcárcel le corresponde por ley estar frente a la denuncia contra Yarascay, no creo que permita que la hagan a un lado”. Personal del PET que intervino en darle la buena pro y entregarle la licitación al Consorcio Yarascay continúan trabajando allí.
Sería saludable que la comunidad sepa que los sinvergüenzas que sacaron 7 millones al PET para un estudio que no sirvió para nada, no queden impunes. El proceso sancionador es parte importante de un proceso mucho mayor.
ANTECEDENTES:
El Proyecto Especial Tacna (PET) demandó al Consorcio Ingeniería Yarascay el pago de S/. 15 millones como compensación por las presuntas irregularidades que cometió para ganar un contrato de S/. 6 millones 965 mil, en agosto del 2013.
El consorcio elaboró los estudios de prefactibilidad de la represa Yarascay. Estos fueron observados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Ante lo ocurrido, a inicios de abril, el PET optó por declarar nulo el contrato.
El 28 de abril pasado, el consorcio solicitó al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tacna, un arbitraje entre ellos y el PET. Fuentes cercanas a esta última institución informaron que la Procuraduría Regional, en representación del PET, respondió a la demanda del consorcio solicitando que éste retorne el pago de S/. 6 millones que recibió por los estudios.
A ello se suma el pedido de la Procuradoría del pago de S/. 9 millones por los perjuicios provocados ante un estudio de prefactibilidad que aún mantiene observaciones.
