(Cortesía CNR).- A través de un decreto supremo, el Gobierno modificó el reglamento del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y excluyó de su composición a 64 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que formaban parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Según detalla el Decreto Supremo N° 008-2008-JUS, publicado ayer en el diario oficial "El Peruano", la medida obedece a que los representantes de instituciones no gubernamentales, que participaban en calidad de observadores, no se encontraban obligados a guardar reserva de la información confidencial que se maneja al interior del CNDH.
"Situación que no se encuentra acorde con las normas constitucionales y legales", señala el dispositivo, que modifica el artículo 9 del Reglamento del CNDH, organismo dependiente del Ministerio de Justicia (MINJUS).
Así mismo, con este reglamento modificado, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) – entidades que también funcionaban como observadoras – ya no tienen esa calidad ni tampoco pueden acreditar un representante de enlace con el MINJUS.
En otras palabras, ya no habrá observadores que fiscalicen los avances -o retrocesos- en la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, y solo queda abierta la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación.
El artículo original del reglamento detallaba que la Comisión de Derechos Humanos "está conformada por: El Viceministro de Justicia o la persona a quien éste designe, que la presidirá; el representante del Ministro de Relaciones Exteriores; el representante del Ministro de Defensa; el representante del Ministro del Interior; el representante del Ministro de Economía y Finanzas; el representante del Ministro de Educación; el representante del Ministro de Salud; el representante del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República; el representante del Fiscal de la Nación; el representante de la Iglesia Católica".
Cabe indicar que este decreto lleva las rúbricas del presidente de la República, Alan García Pérez; el premier, Jorge Del Castillo y los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, José Antonio García Belaunde y Rosario Fernández, respectivamente.
Esta medida es adoptada cuatro días después de que el Parlamento Europeo rechazara incluir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en su lista de organizaciones terroristas.
Según se supo, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recomendó tal acción a los parlamentarios europeos al señalar que el MRTA no se encuentra activo desde hace ocho años.
APRODEH estimó "que no se debe dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos acusándolos injustamente de terrorismo".
