El consejero regional Serapio Ramos se sumó al pedido del presidente del Consejo Regional Santos Pablo Agama quien pidió el cierre del Proyecto Especial Tacna frente a las numerosas irregularidades que la Contraloría detectó y que afectaron seriamente las arcas de la región sureña.
Serapio Ramos consejero regional.
Para el consejero regional Serapio Ramos el Proyecto Especial Tacna (PET) «debe cerrarse a la brevedad posible» debido a las numerosas irregularidades que detectó la Controlaría General de la República y al incumplimiento de los objetivos para los que fue creado, hace ya 30 años.
En diálogo con RADIO UNO señaló que los funcionarios de la institución y las autoridades de turno tuvieron acceso a importantes sumas de dinero pero no cumplieron con traer agua a la región sureña de tal manera que «no tiene sentido que siga adelante».
El último escándalo que involucró al PET fue el embargó S/. 3 millones 700 mil a la Región, que hizo Interbank, a cuenta de un proceso civil que mantenía con esa institución desde el 2006.
El procurador Ad hoc designado a este proceso por el gobierno regional, Richard Flores Cano, declaró a un medio de comunicación que fue el Décimo Juzgado Civil Comercial-Lima quien en diciembre de 2014 emitió una sentencia que favorecía a Interbank, confirmando el embargo.
Sostuvo que la procuradora en aquel entonces, Marisol Tapia, no apeló el fallo por lo cual quedó consentido y sin posibilidades de que pueda ser impugnado.
Cano relató que el litigio con Interbank se generó a raíz del contrato que existió entre el consorcio Sagitario (hoy ya fenecido) y el Proyecto Especial Tacna (PET), durante la gestión del expresidente regional Julio Alva Centurión (2003-2006).
Del mismo modo se conoció que el gerente general del Proyecto Especial Tacna (PET) Corpus Manrique Núñez pretende cobrarle a la institución que representa la suma de al menos S/.167 mil 659 por concepto de daños y perjuicios derivado del despido arbitrario que fue objeto al inicio de la gestión del presidente regional Tito Chocano Olivera, el 1 de enero del 2011, por un periodo de 34 meses y cuatro días.
«Yo rechazo categóricamente estos actos. Por eso estaremos haciendo un análisis para poder asumir las medidas correctivas que nos corresponden como consejero regional, frente a los demás colegas. Espero que todos tengan una participación transparente porque aqui no tenemos porqué perdonarle la vida a los corruptos, al contrario hay que buscar sancionarlos, y por lo menos que unos 4 o 5 se vayan a la cárcel que es el lugar donde les corresponde estar», señaló.
