(Cortesía CNR).- La Primera Sala Penal Especial sentenció anoche a cuatro ex militares por la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
El general del ejército en retiro, Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), fue encontrado culpable de homicidio calificado y desaparición forzada de personas por la Primera Sala Especial, presidida por la juez Inés Villa Bonilla.
A pesar de que la fiscalía había pedido 30 años de cárcel, el tribunal aumentó la condena, al considerar a Salazar Monroe como "autor mediato" (indirecto) al haber sido jefe del SIN cuando el grupo Colina secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la universidad limeña.
La sala también sentenció a 15 años de cárcel, por los mismos delitos, a los ex integrantes del grupo militar Orlando Vera Navarrete, Fernando Lecca Esquén y José Alarcón González.
Se trata de la sentencia más alta impartida en Perú a un oficial del ejército en los procesos que se siguen por violaciones a los derechos humanos cometidos en la década del gobierno de Fujimori (1990-2000).
La sentencia precisa que el crimen de La Cantuta, en 1992, fue perpetrado por el destacamento Colina, integrado por militares, el cual -según el tribunal- existió y funcionó con anuencia del régimen de Fujimori.
Dicho escuadrón estuvo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y dependió de la Presidencia de la República con la misión de eliminar subversivos, dictaminó el tribunal.
Esta sentencia ratificó una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó en el 2006 que los implicados debían pagar "50 mil dólares por cada padre, madre, cónyuge e hijo de las víctimas y 20 mil para cada hermano".
La masacre de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fue cometida el 18 de julio de 1992, cuando los integrantes de Colina ingresaron en el recinto educativo y detuvieron a nueve estudiantes y un profesor.
Los detenidos fueron el profesor Hugo Muñoz y los alumnos Juan Mariños Figueroa, Heráclides Pablo Meza, Robert Teodoro Espinoza, Armando Amaro Cóndor, Luis Enrique Ortiz Pereda, Dora Eyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Bertila Lozano Torres y Marcelino Rosales Cárdenas.
Las investigaciones judiciales y periodísticas, así como el informe presentado en el 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), señalan que los detenidos fueron ejecutados y luego sus cuerpos calcinados para enterrarlos en un paraje descampado a las afueras de Lima.
