El Ejecutivo dictará medidas para sancionar a los establecimientos comerciales que faciliten la captación de víctimas de la prostitución.
Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara.
El Poder Ejecutivo dictará medidas administrativas para sancionar a los locales comerciales que facilitan la captación de jóvenes víctimas de la prostitución, en el marco de su política de lucha contra la trata de personas, informó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara.
En el cierre de su presentación ante el Pleno del Congreso, informó que esta medida forma parte del impulso del gobierno a la lucha contra este flagelo.
«Desde el Poder Ejecutivo aseguraremos la efectiva aplicación de las leyes y normas aprobadas, las que incluirán disposiciones de carácter administrativo, que sancionen incluso de manera efectiva a los agentes de actividades conexas que actualmente contribuyen directa o indirectamente a la realización del delito, por ejemplo, los locales comerciales que facilitan sus ambientes para captar a potenciales víctimas», afirmó.
En su intervención, Jara Velásquez manifestó que a diferencia de anteriores gobiernos, en el actual hay no solo voluntad política, sino un presupuesto para combatir la trata de personas.
Eso se expresa, dijo, en la aprobación del marco normativo específico que el Perú no contaba, y con la especialización institucional de las distintas entidades involucradas en afrontar este delito.
La jefa del Gabinete admitió que el presupuesto puede ser limitado, pero ha sido en la actual administración cuando se ha asignado específicamente recursos para la atención de esta problemática.
Al respecto, mencionó que en el 2014 dicho presupuesto ascendió a un millón 900 mil nuevos soles, mientras que en el 2015, será de 3 millones 900 mil nuevos soles.
«Sé perfectamente que esto no es suficiente, por el contrario hace falta mucho mas, y nos comprometemos en tener un mayor esfuerzo para seguir incrementando esta cifra», afirmó.
También se comprometió a interponer sus buenos oficios a fin de que el Ministerio Público cuente con el presupuesto suficiente para el funcionamiento de las fiscalías especializadas en trata de personas.
