Dineros deben ser abonados por el Gobierno Regional de Tacna luego de que la gestión de Hugo Ordoñez generará tal deuda con una AFP y un proveedor el cual está solicitando una millonaria indemnización, indicó el consejero regional Rafael Vargas.
Consejero regional, Rafael Vargas.
APROPIACIÓN. 150 mil soles es la deuda que el Gobierno Regional de Tacna (GRT) mantiene con una AFP a raíz de no haber hecho el depósito correspondiente del dinero retenido de los trabajadores de la obra Tarata- Ticaco. ‘‘hablo de una apropiación ilícita de fondos que le pertenece a los trabajadores’, dijo el consejero Rafael Vargas.
‘‘En un comienzo era por capital de 43 mil soles nada más, pero como se han ido acumulando los intereses hoy alcanzaría los 150 mil soles, resulta que al finalizar la ejecución física agotaron los recursos presupuestados y no consideraron los adicionales para regularizar los pagos pendientes. Las acreditaciones de presupuesto adicional para cerrar el proyecto’’, acotó.
INMDEMNIZACIÓN. 70 mil soles debió ser el monto pagado a un proveedor el cual entrego materiales agregados para mencionada obra, sin embargo nunca se le cancelo el servicio por lo cual emprendió las acciones legales en contra del GRT solicitando una indemnización de 1 millón de soles por daños y perjuicios ocasionados por la institución.
‘‘Enterado de que el GRT suele perder los juicios por perjuicio en los cuales se le reclama indemnizaciones, ha visto (proveedor) la oportunidad de su vida en cobrar lo que le deben además buscar una indemnización millonaria’’, comentó.
PERJUICIO. A causa de esta millonaria deuda de 1 millón 150 mil soles, hasta la fecha, la obra en mención no puede ser liquidada por consiguiente no puede ser transferida a PROVÍAS para el mantenimiento respectivo.
Para el consejero es inaceptable que el GRT tenga que asumir los errores de otros por lo cual indicó que la procuradora pública tendrá que determinar las responsabilidades correspondientes e iniciar las acciones legales tanto en la vía penal como en la vía civil.
‘‘No es posible que el estado tenga que hacerse cargo por pagos de moras o penalidades que se originan por negligencia de algunos funcionarios quienes deben ser civilmente responsabilizados y afectados para rapar el daño que han ocasionado, no es justo que el estado este pagando la torpeza de todo el mundo’’, expresó.
Sin embargo, en el caso de la indemnización, Vargas indicó que hasta la fecha no se ha podido probar que el material entregado por el proveedor ha ingresado al almacén del GRT, por lo cual la demanda de este podría ser rechazada.
‘‘Si se entregó o no, al respecto hay un proceso en curso y se determinará. Si tiene razón la reparación civil no la tiene que pagar el GRT sino los funcionarios que originaron el prejuicio’’, comentó.
El tema fue tocado en reunión con el gerente general Alejandro Estrada a quien se le ha instado a que tome las acciones legales del caso para hallar a los responsables y que estos sean objeto de demanda civil para resarcir el daño que sufre el GRT.
