La mayoría son de Puno (13), Cusco (12), Lambayeque (11), Áncash (11) y San Martín (9). La Procuraduría Anticorrupción ha tenido que desplegar un ejército de 200 abogados para hacer un seguimiento de los procesos por presuntos delitos de corrupción de funcionarios en costa, sierra y selva.
El alcalde provincial de Tacna, Fidel Carita Monroy, figura en la extensa lista.
No escarmientan. El alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, a pesar de enfrentar 18 investigaciones y procesos judiciales por presunta corrupción de funcionarios, se ha lanzado a la reelección por el Movimiento Manos Limpias. No es broma. Pero Torres no es el único. El alcalde chiclayano lidera una lista de 126 burgomaestres provinciales -de un total de 195 en el país–, que enfrentan acusaciones por diversos actos ilícitos.
Esto significa prácticamente que 7 de cada 10 alcaldes provinciales en el país debe responder por alguna imputación de corrupción durante su gestión.
La alcaldesa provincial de Lima, Susana Villarán, acumula 15 denuncias. Pero en su caso, se trata de investigaciones preliminares.
De acuerdo con cifras de la Procuraduría Anticorrupción –que ha desplegado un ejército de 200 abogados para hacer un seguimiento de 21 mil 807 investigaciones fiscales y juicios–, tres burgomaestres provinciales tienen 13 casos cada uno que deben responder ante las autoridades que les atribuyen presuntos delitos contra la administración pública. Ellos son Mercedes Castro Arteaga, de Julcán, Lambayeque; Máximo Chipana Hurtado, de Concepción, Junín; y Adela Jiménez Mera, de Maynas, Loreto.
En el ranking de alcaldes provinciales a quienes se imputa presuntos actos de corrupción sigue en la lista con 12 casos Alfonso Santiago Gregorio, de Carlos Fermín Fitzcarrald, de la región Áncash. A continuación, con 11 casos, sigue Renán Saavedra Sandoval, de Mariscal Cáceres, región San Martín.
En caso peculiar es el de la alcaldía provincial de Huancané, en Puno. Tres burgomaestres que sucedieron en el periodo 2011-2014 tienen que rendir cuentas por 10 denuncias de corrupción. Ellos son: Hernán Bizarro Chipana, Faustino Mamani Pilco y Feliciano Pérez Machaca.
Y con 9 acusaciones, los alcaldes provinciales de Tocache, Corina De La Cruz Yupanqui; y de Chepén, José Lías Ventura.
La mayoría de burgomaestres provinciales sometidos a proceso investigativo fiscal son de la región Puno. Suman 13 alcaldes (Carabaya-Macusani, Chucuito-Juli, El Collao-Ilave, Huancané, Lampa, Melgar-Ayaviri, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román-Juliaca, Sandia y Yunguyo).
Luego continúa, Cusco, con 12 (Espinar, Urubamba, La Convención, Chumbivilcas, Acomayo, Canas, Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Anta, Calca y Santo Tomás).
Territorio nacional
Después sigue Lambayeque (Chepén, Santiago de Chuco, Virú, Sánchez Carrión, Pataz, Otuzco, Pacasmayo, Ascope, Julcán, Chiclayo y Ferreñafe) y Áncash (Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald. Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay y Marañón), con 11 alcaldes; y San Martín (Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, Tarapoto, Tocache, Bellavista, Huallaga y Lamas), con 9.
La Procuraduría Anticorrupción ha debido desplegar un mayor esfuerzo para que sus abogados hagan un seguimiento a las investigaciones fiscales y a los procesos judiciales. La corrupción gubernamental es una verdadera epidemia.
«Hemos detectado en todo el país aproximadamente 454 casos en agravio de las municipalidades provinciales en todo el país, sin contar más de 3 mil casos de alcaldías distritales. El total de expedientes representa el 25% de lo que tenemos en nuestras manos, lo que significa que la corrupción afecta especialmente a los gobiernos locales provinciales y distritales», explicó el procurador Christian Salas.
Según información que maneja la Procuraduría, en la actualidad 1,620 alcaldes en actividad y en retiro se encuentran investigados o enjuiciados.
Los delitos más frecuentes que se les imputa a los burgomaestres son los de peculado, colusión y malversación de fondos debido a la ausencia de controles.
«Uno de los problemas que enfrentamos es que algunos despachos fiscales –pese a que la ley lo establece– no notifican a la Procuraduría Anticorrupción sino a la procuraduría de la municipalidad agraviada, lo que afecta la defensa del Estado porque algunos de esos funcionarios no cumplen con su trabajo», señaló Christian Salas.
(La República)
