Con relación a la preocupación expresada en el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) correspondiente al año 2007, por la vigencia en el Perú de la masticación en el Perú de la hoja de coca, el Ministerio de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, recordó que dicha práctica, conjuntamente con las aplicaciones medicinales y el uso en rituales religiosos, constituye uno de los usos tradicionales que se practican en el Perú desde tiempos remotos.
Si bien en la Convención Única de Estupefacientes de 1961 el Estado peruano obtuvo que se concediera 25 años para paulatinamente, en dicho lapso adoptar las medidas que desalentaran esa práctica, debe tenerse en cuenta que en 1988, el Perú logró que la Convención de ese año incluyera que las medidas a ser adoptadas "deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica".
Agregó asimismo que el tiempo establecido no ha sido ni es suficiente para desarraigar el citado "uso tradicional" cuya práctica no significa, necesariamente, que las poblaciones nativas la ejerzan diariamente, como parte de su quehacer cotidiano, siendo practicada, en gran número de comunidades, sólo para acompañar ceremonias o festividades o algún rito ancestral a la Pachamama.
De otro lado, uno de los principios del Derecho Humanitario, es el respeto a los usos y costumbres tradicionales, recogido por la Constitución Nacional en su artículo 55. A este respecto, indicó que la Misión peruana en Viena ha efectuado una representación ante la Secretaría y Presidencia de la JIFE sobre este particular.
Asimismo, destacó que el Informe de la JIFE del 2007 recoge de manera positiva y constructiva los logros obtenidos por el Estado peruano en su lucha contra las drogas, particularmente la reglamentación nacional para fiscalizar los precursores e insumos químicos, fortalecer las instituciones nacionales responsables del combate a las drogas, y "observa con reconocimiento que el Gobierno ha aprobado una amplia y equilibrada política nacional de fiscalización de drogas para el período 2007-2011…".
La JIFE se creó en 1968 para hacer seguimiento y vigilar la aplicación de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Drogas. Es una instancia técnica y autónoma del sistema de las Convenciones sobre Drogas. Dentro de las capacidades de la JIFE se encuentra la de identificar las posibles deficiencias de los sistemas de fiscalización nacionales e internacionales sobre control de drogas y contribuye, en estrecha colaboración con los Estados, a corregirlas. Actualmente, emite un informe técnico sobre el comportamiento de los Estados respecto a la normativa de las Naciones Unidas sobre drogas.
