La defensa del terrorista Abimael Guzmán denunció hoy la violación de los derechos del excabecilla de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua, al negársele una legítima visita y el traslado a un hospital para que sea atendido por un cuadro de deshidratación e infección urinaria.
Alfredo Crespo dijo que el INPE será uno de los responsables si algo le pasa a su patrocinado.
El abogado Alfredo Crespo interpuso una demanda de hábeas corpus a favor del genocida “por violación de sus derechos fundamentales y constitucionales a la vida, la integridad física, personal y el derecho a la defensa”.
En un documento dirigido al juez del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, el letrado indicó que tras enterarse por los medios del estado de salud de Guzmán, se acercó el domingo último a la Base Naval del Callao, donde se encuentra recluido su defendido, y que fue impedido de verlo por ser feriado.
“Solicité que en todo caso el médico del penal o algún oï¬cial de la Marina me informara sobre el estado de salud de mi patrocinado, pero el oficial de guardia me dijo que no me podían informar nada y que regresara el día miércoles de la próxima semana en que podría visitarlo, por lo que procedí a retirarme”, refirió.
Según Crespo, después de retirarse de la Base Naval se enteró de que el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, señaló que Guzmán había sido atendido con “antibióticos de amplio espectro en el tópico del penal y que solo sería trasladado al hospital de ser necesario”.
El abogado solicitó en el hábeas corpus que se le autorice visitar y entrevistarse con Guzmán, y que además se ordene la “inmediata evacuación” del terrorista a un nosocomio para que pueda recibir atención médica especializada.
Señaló que “cualquier cosa” que pueda pasarle a Guzmán será de “entera responsabilidad” de los jefes del INPE y del Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao.
Según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Sendero Luminoso fue el principal responsable de cerca de 69,000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000.
(Perú 21)
