"Si que el presidente se opone a un dictamen del Tribunal Constitucional y si se opone al referendo, es causal de vacancia, por lo que le presentaremos hoy una carta notarial aclarando esto…", advirtió con firmeza el secretario general de la Asociación Nacional de Fonavistas, Andrés Alcántara
A decir del dirigente, el mandatario García Pérez sabe que tiene que hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que autorizó el desembolso de lo recaudado desde 1979 hasta 1999 por el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), pero busca congraciarse con los sectores de poder –empresas generadoras de energía eléctrica y entidades prestadoras de servicios sanitarios- que en el pasado han despilfarrado tales aportaciones.
"Le vamos a dar sólo 24 hrs. para que se pronuncie a favor de la determinación del Tribunal Constitucional, de lo contrario tendremos que iniciar las acciones legales para plantear su vacancia", agregó.
García al igual que los parlamentarios oficialistas –opina Alcántara- están llevando a cabo una estrategia de amenazas y exageraciones, que lo que busca es generar pánico en la población, al afirmar que se debe subir en 23% el IGV para hacer caja y rembolsar los dineros ya que el monto se acerca a los 70 mil millones de nuevos soles..
"Lo que dice Alan es muy lamentable porque está mintiendo, las devoluciones nos son contra ningún presupuesto sino por el monto liquidado, lo que si falta es información del 79 al 91 porque se tiene del 92 al 98 y eso va a sumarse a los 9 mil 5435 millones que ya están aprobados y que están completamente aparte del Presupuesto de la República", indicó.
"El gobierno maneja cifras astronómicas de 22 mil millones de soles, ésta no es una cifra real, al igual que su compañero (el congresista) Jonhy Peralta que da cifras y no las prueba, de 70 mil a 100 mil nuevos soles… son gente irresponsable que quiere generar pánico para que la población diga que es imposible pagar", acotó.
De la misma manera, Alcántara desestimó la opinión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien a su parecer a utilizado criterios erróneos para calificar de improcedente el Referendo para los Fonavistas, contrariando de una instancia superior y ajena a su naturaleza funcional como el TC.
Hay dos incongruencias que denotan la intención política escondida tras la resolución del JNE, explicó. Primero que las funciones de este ente se circunscriben al ámbito electoral y ha usurpado funciones pronunciándose sobre materia de derecho.
Además –continuó- uno de los argumentos que utilizó fue que los fondos del FONAVI y su manejo son una cuestión tributaria, por lo que su destino no podía ser decidido por consulta popular.
"…Sin embargo los fonavistas tienen derecho a que el ejecutivo les resuelva el tema, así que tenemos derecho propiedad, lo que significa que no se tratara de un tema tributario, ahí se contradice el jurado y es muestra que hay una interferencia de grupos corruptos que han utilizado nuestros recursos y que utilizan a estos funcionarios", culminó.
