Cansados de presuntas presiones y chantajes, los transportistas de carga pesada de la ciudad se han unido en un solo puño y pretenden realizar una paralización macro regional sur en contra de la corrupción enquistada en los controles aduaneros ubicados a lo largo de la Carretera Panamericana y en los puntos ingreso y salida del territorio nacional.
Los pormenores de esta medida de protesta y sus niveles de impacto serán anunciados –según indicó el dirigente Dante Morales- el miércoles en conferencia para la prensa; aprovechando la coyuntura generada tras el develamiento del presunto cohecho cometido por el funcionario aduanero Marco Manrique Villavicencio.
"Él sólo es un operador que pertenece a una mafia, una mafia en la que están inmiscuidos la aduana y el Poder Judicial, y el miércoles vamos a anunciar la fecha de la paralización del transporte de carga pesada hasta que estos funcionarios se vayan", indicó Morales.
Por su parte, Alex Villanueva, Director Nacional de la Unión de Transportistas de Carga Pesada, manifestó que ese día se presentarán pruebas contundentes de los delitos cometidos por funcionarios aduaneros a todo nivel jerárquico y por miembros e inclusive la titular del Tercer Juzgado Penal de Tacna, Scarlette Laura, quien suele absolver a favor de la Intendencia Regional de Aduanas todo expediente que llega a su despacho.
Villanueva señaló que años atrás, al no acceder a requerimientos pecuniarios, fue inmiscuido en un proceso por defraudación tributaria, por el cual, funcionarios del ente facilitador del comercio exterior pretendían inmovilizar sus unidades vehiculares.
Por este motivo –continuó el dirigente- su actividad económica se ha visto duramente perjudicada, ya que ha perdido la adhesión de decenas de clientes y su imagen personal y empresarial se ha visto manchada.
Los transportistas de carga pesada adelantaron dos de las denuncias que sustentarán con pruebas ante los medios de comunicación local, a quienes solicitarán que se plieguen a la cruzada anticorrupción.
Una de ellas es referente a una posible "coima" a la jueza de la Tercera Sala Penal, quien adquirió un vehículo a un valor inferior al estipulado en la declaración del importador.
El hecho ha sido comunicado a la Oficina de Control Interno del Poder Judicial y aún se encuentra en investigación; por lo cual, los denunciantes ha remitido pruebas entre las que se comprenderían videos y fotografías.
Además, Villanueva y Morales indicaron otro hecho irregular. Los funcionarios aduaneros imprimen una valoración inadecuada a los vehículos de segunda mano que son importados en condición de siniestrados.
A pesar que estos bienes son sustentados con facturas que consignan un precio menor, los encargados de su nacionalización le colocan un precio igual al que poseen los vehículos que ingresan en perfecto estado de conservación, de esta manera se les grava un impuesto mayor.
Finalmente, señalaron que estos hechos son sólo puntas de madejas que comprometen toda una telaraña de tráfico de influencias, chantajes, "coimas" y extorsión; siendo el gremio de transportistas uno de los tantos perjudicados, pues generalmente deben pagar en cada puesto de control aduanero "comisiones" que oscilan entre los 2500 y 3000 dólares por unidad vehicular.
