Tras haber efectuado una delicada acusación contra un hecho de corrupción al interior de Aduanas, el empresario denunciante de un funcionario de la entidad descentralizada, Dimas Echevarria Mariño advirtió la probable existencia de una mafia organizada de corrupción, cuyos "tentáculos"-dijo- podrían alcanzar hasta el Poder Judicial.
Aunque el empresario afectado no pudo revelar nombres de los implicados, a pedido de la jueza que lleva adelante el proceso de investigación, aseguró que el jueves último mientras aguardaba en el frontis de la sede de la Policía de Investigaciones rendir su manifestación, fue abordado por un vehículo rojo en cuyo interior detectó la presencia de dos personas que pretendían tomar placas fotográficas suyas.
De inmediato-relató Echevarria Mariño, procedió en compañía de su abogado a seguir los pasos del vehículo en marcha y después de interceptarlo, el legista logró identificar a los dos ocupantes del auto. Se trataría- según el abogado del denunciante- del Asesor Legal de Aduanas, de apellido Céspedes y de la esposa de éste, Escarleth Laura, jueza de un Juzgado Penal.
"Me preocupa que esta mafia pueda tener tentáculos incluso dentro del Poder Judicial. La sobrevaloración y subvaloración es un delito, es lavado de dinero y lo que funcionarios corruptos pretenden es manejar valores a su gusto para imponer precios abusivos, frustrando la inversión de empresarios como yo que fomentamos empleo en la región", indicó.
Tras lograr arrebatarles la cámara a los ocupantes del vehículo, Echevarría hizo entrega del aparato a la Policía Nacional del Perú (PNP) pidiendo a la par el levantamiento de un acta por la agresión que Céspedes había efectuado en su contra.
Como se recuerda, el empresario había efectuado una denuncia contra el funcionario de Aduanas, Marco Manrique Villavicencio, luego que éste pretendiera cobrarle la suma de mil dólares americanos para facilitarle la importación de los vehículos que moviliza el denunciante.
Tal como relatara Echevarría Mariño, pese a que éste ingresaba vehículos siniestrados valorados en no más de 3 mil dólares americanos, las disposiciones legales aduaneras indican que se debe aportar adicionalmente entre el 30% y 70% del valor real de vehículos en buen estado, incluidos en la revista técnica americana.
Para Echevarría este cobro no solo era considerado un abuso, sino un delito, ya que según relató el agraviado, el valor de los vehículos siniestrados bajo esta suma alcanzaba los 4500 dólares al adicionar los mil dólares que debía emplear para arreglar las carrozas automovilísticas, cantidad que rozaba el valor de autos nuevos ingresados por régimen general.
"Denuncio ante las autoridades que este cobro es un abuso, un delito. Existen 80 personas que integran mi empresa que se podrían quedar en la calle, por el contrario el ingreso de mercancía por régimen general no fomenta trabajo como si lo hace el ingreso de este tipo de vehículos.", subrayó.
Para finalizar y en forma enfática, el empresario hizo un llamado a las autoridades regionales y nacionales con la finalidad de "ayudar a limpiar la mafia de corrupción del país".
