El responsable de la oficina de conflictos sociales, dijo que las reglas de la mesa de trabajo no debieron estar dirigidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ya que el ejecutivo tiene intereses porque percibe el 50% del impuesto a la renta de las empresas mineras.
Hernán Eysaguirre, Responsable de la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo
Indicó que el trabajo de conflictos sociales es un trabajo complicado y que básicamente se tendrá que hacer en la oficina de la cual es responsables, es cuantificar el monto que la empresa minera va a percibir con la finalidad de reclamar que se resarzan los daños que ha ocasionado la Southern por más de 50 años.
“El tema de conflicto sociales es muy complicado, yo he trabajado en una mesa de diálogo, como asesor en el Sub Grupo de inversión social y hemos hecho una serie de proyectos, pero eso se va a unir con los trabajos de la defensoría, puesto que vamos a tener que cuantificar cual es el monto que la empresa minera tendría que recibir por la venta anticipada a futuro del cobre que va a traer, producto de que va a duplicar su planta concentradora de Toquepala y esa idea de ese monto nos va a dar el reclamo para resarcir los daños ecológicos o al medio ambiente que ha causado la empresa minera en sus últimos 50 años”.
De otro lado, dijo no estar de acuerdo, con que la PCM, sea quien dirige las mesas de diálogo, cuando esta tiene conflictos de intereses porque percibe el 50% del impuesto a la renta.
“Yo creo que la mesa de diálogo no debió ser dirigida por la PCM, sino por otra institución, ya que el Gobierno se encuentra involucrado, por que percibe un 50% del impuesto a la renta. Yo creo que debió de confeccionarse un reglamento que permitiera una activa participación y una equidad en todos los participantes”.
