Así lo informó el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, quien al término de la revisión de algunos casos, quejas y malestar de los usuarios judiciales de parte de la Oficina de Control de la Mgistratura, manifestó que la mayoría de éstas se originan a raíz de demora en la emisión de sentencia o el desarrollo del proceso de investigación. Según el magistrado, esta situación se origina por la elevada carga procesal que supera los 48 mil procesos, por lo cual -dijo- es urgente la asignación de seis jueces más para Tacna.
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna – Mario Gordillo
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Mario Gordillo sostuvo a través de RADIO UNO, que luego de concluido el proceso de auditoría judicial llevado a cabo por representantes del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), se logró determinar que la mayoría de los casos de quejas, denuncias e imputaciones contra jueces, se dio por falta de celeridad en los procesos de investigación o lectura de sentencias, lo que –dijo- corrobora la necesidad de solicitar más magistrados para este distrito judicial.
Gordillo Cossio manifestó que la elevada carga procesal que supera los 48 mil procesos al año, ha provocado que la demanda duplique o hasta en condiciones triplique, la capacidad de atención de los jueces de la corte superior, hecho que –dijo- provoca lentitud en los casos y hasta omisiones funcionales.
“Hemos alcanzado hasta los 48 mil procesos y cada juez tiene capacidad para atender a un promedio de 400 casos, pero en ocasiones supera los 700. Esta realidad provoca lentitud en los procesos y hasta lecturas de sentencia. Hemos evaluado la necesidad de requerir dos jueces más para penal, dos más para civil y dos adicionales para una tercera sala”, sostuvo el letrado.
El Presidente de la Corte Superior se refirió en relación a los recientes casos de corrupción puestos al descubierto en Tacna y que involucran a jueces del distrito judicial. Al respecto, Gordillo manifestó que entre los más emblemáticos se encuentra el presunto delito de tráfico de influencias puesto al descubierto por RADIO UNO a raíz de una denuncia formulada por el alcalde Adán Vargas, quien aseguró que la jueza leía sentencias digitadas desde Lima.
El magistrado sostuvo que aunque el caso aún es materia de investigación, la juez Verónica Calisaya fue separada de su cargo, aunque no de su puesto como trabajadora judicial. También aseguró que ya fue interpuesto contra ella una denuncia penal y una medida disciplinaria, que de prosperar la podría obligar a abandonar sus funciones mientras duran las investigaciones.
