El personal docente y administrativo del sector Educación implicado en delitos de terrorismo y violación de la libertad sexual no sólo será destituido de su cargo, sino inhabilitado definitivamente tanto para ejercer la docencia como para prestar servicios administrativos en dicho sector.
Ministra de Educación, Patricia Salas O?Brien
Así lo señaló hoy la ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien, al asegurar que en los próximos días el gobierno del presidente Ollanta Humala remitirá al Congreso de la República el proyecto de ley que regula dichas medidas extraordinarias.
El proyecto plantea la necesidad de incorporar y modificar artículos del Código Penal y de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dijo la ministra.
Este nuevo marco legal permitirá, sin que medie objeción jurídica alguna, aplicar las acciones administrativas previstas en el Decreto Supremo 019-2010-ED, del 3 de julio de 2010, agregó Patricia Salas.
Acciones tomadas
Respecto a las acciones tomadas, la ministra aseguró que, a solicitud de su despacho, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de la República alcanzó a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación la base de datos de sentenciados por delito de terrorismo, desde 2003 hasta 2011.
Indicó que la información alcanzada mediante el Oficio 082-2012-MC-SPN, del 7 de marzo, fue utilizada por la Unidad de Personal del Ministerio de Educación, la que cruzó información con el Sistema Único de Planillas. Este proceso permitió detectar que se encuentran en condición de activos 12 personas, dijo Patricia Salas.
Asimismo señaló que el mismo cruce de información se realizó con la lista que el congresista Octavio Salazar le entregó con nombres de posibles sentenciados por delito de terrorismo, que incluye los años anteriores a 2003. En este caso se detectó que se encuentran en condición de activos 138 personas en 21 regiones del país, sostuvo la ministra.
Oficios a presidentes regionales
Por ello, la titular de Educación aseveró que, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 019-2010-ED, su despacho ha remitido oficios a los presidentes regionales con información sobre estas personas y solicitándoles que, de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades funcionales, adopten las medidas legales administrativas que correspondan.
En el caso de la información oficial de la Sala Penal de la Corte Suprema se procederá, en forma inmediata, a adoptar las medidas administrativas señaladas en el decreto supremo mencionado.
En relación con la lista entregada por el congresista Salazar Miranda, se efectuarán las investigaciones pertinentes a fin de adoptar, en los casos en que se compruebe que dichas personas hayan sido sentenciadas por el delito de terrorismo, las medidas administrativas prescritas.
Según el ministerio, otro aspecto estratégico para evitar el rebrote de las posiciones terroristas es el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas a través de la formación de los niños y jóvenes en una cultura de paz y de fortalecimiento de los valores que acompañan a la democracia.
En esa perspectiva, la alta dirección del ministerio ha tomado contacto con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), para que, en forma conjunta, se convoque a los decanos de las facultades de educación y a directores de los institutos pedagógicos del país, a fin de hacer una revisión de la formación docente en las materias relacionadas con la enseñanza de historia, ciencias sociales y educación cívica y ciudadana.
Fuente: Andina
