Hoy se cumplen 29 años desde que el 26 de enero de 1983, ocho periodistas y su guía fueron asesinados en la comunidad de Uchuraccay, Ayacucho.
Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de La República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccaíno, Severino Huáscar Morales; encontraron la muerte ese fatídico día, cuando llegaron a la comunidad que se hizo conocer como el escenario de la lucha antisubversiva a inicios de los ochenta.
Casi tres décadas han pasado desde aquel atroz asesinato y este aún configura uno de los casos menos esclarecidos del conflicto armado interno que se vivió en nuestro país. Tres comisiones han intentado despuntar las interrogantes, sin embargo ante el hermetismo de las circunstancias, nunca será innecesario el recuento de los hechos que llevaron a este mortal desenlace.
El inicio de la violencia armada
El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) comenzó su lucha armada y terrorista el 17 de mayo de 1980 con la quema de 11 ánforas electorales en la localidad de Chuschi, Ayacucho. Al mismo tiempo, el Perú retornaba a la democracia con la elección de Fernando Belahunde Terry después de 12 años de gobierno militar.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que al principio se desestimó la magnitud del conflicto. Recién a partir del año 83, el Estado encargó la lucha antisubversiva a los comandos político-militares que instaló en el centro y sur del país. Para entonces, de acuerdo al documento, Uchuraccay ya había sido testigo de la violencia del terrorismo. Tras el cruel asesinado de los comuneros detractores del “pensamiento Gonzalo” a manos de Sendero, las comunidades se organizaron para enfrentar a los miembros del PCP SL.
Dos investigaciones y una comisión: Fuente ovejuna fue…
El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones, según las cuales, habrían participado en la matanza unas cuarenta personas, entre varones y mujeres, jóvenes y adultos, muchos de ellos bajo la presión de las autoridades.
La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el presidente Fernando Belaunde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, señalando como responsables a los campesinos de Uchuraccay.
La segunda investigación fue realizada por el Poder Judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros catorce campesinos de Uchuraccay.
La muerte de los ciento treinta y cinco uchuraccaínos, así como la desaparición de la comunidad por largos años, nunca alcanzaron notoriedad pública, quedando en la memoria privada de los familiares y comuneros hasta el 1 de junio de 2002, día en que la población entregó a los representantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación la «Lista de uchuraccaínos asesinados» elaborada en dos asambleas comunales.
Finalmente, como mencionó el periodista Gustavo Gorriti en una entrevista para Caretas, “en esencia lo que sobrevive es el inmenso sacrificio de un grupo de periodistas por obtener la noticia”.
Fuente: lamula.pe
