El fiscal, Rodolfo de Amat, indicó que se busca hacer una modificatoria legal para que las Asociaciones de vivienda que quieran inscribirse en Registros Públicos deban acreditar antes, tener propiedad sobre el terreno que quieren distribuir en lotes.Esto con la finalidad de no acreditar a traficantes de Terrenos.
GRT debería adoptar algunas recomendaciones que el Ministerio del Interior le ha dado
Se usa de forma equivocada la figura jurídica de la Asociación de Vivienda para dedicarse al tráfico de terrenos o a justificar invasiones, cuando dentro de los objetivos, esta figura jurídica debe tener un fin lisito, lo que se quiere hacer es plantear una modificatoria legal para que Registros Públicos exijan previamente a las asociaciones de vivienda antes de ser inscritas, que acrediten que tienen propiedad del terreno sobre el cual quieren hacer distribución de lotes, si no tienen el título de propiedad, entonces no procedería esa inscripción.
Acá se está actuando de forma contraria, se usa la figura jurídica de una Asociación de Vivienda para cometer actos ilegítimos o actos ilícitos y eso no lo podemos permitir basta que usted lea los avisos económicos de los diarios de la ciudad para comprobar que los terrenos que antes costaban 2 mil soles, ahora bordean los 15 mil soles, esto se debe a que estos traficantes de lotes han acaparado tanta cantidad de terrenos que han generado que exista una escasa oferta de predios legítimos.
También se ha detectado que algunas personas cercanas a estos traficantes de terrenos cuentan con 10 u 8 terrenos en cada Asociación de Vivienda, donde han consumado una invasión, es decir conservan un terreno para cada uno de sus familiares y eso genera una injusticia social.
El Fiscal Rodolfo de Amat indicó que le parece relevante que el GRT quiera convocar a una reunión de coordinación, sin embargo señalo que deberían adoptar algunas recomendaciones que el Ministerio del Interior les ha dado.
“Mi despacho oportunamente emitido recomendaciones para los terrenos eriazos sean limitados con hitos de acuerdo a los planos de zonificaron e indicar que estos terrenos son del estado porque la gente no se puede apropiar de esto. Ellos (El Gobierno Regional) tienen la obligación de resguardar, administrar y proteger las propiedades del Estado”.
Indicó que han logrado identificar a 5 Asociaciones de Vivienda que han invadido el perímetro de los terrenos ubicados en el Aeropuerto, “pero cuando la fiscalía, requiere a los dirigentes de estas asociaciones la lista de las personas que solicitan estos terrenos, estos padrones nunca son remitidos, muchos de las ocupaciones son fantasmas y con ello se estaría acreditando que tienen propiedades”.
“En el caso de los terrenos ubicaos cerca al aeropuerto, la fiscalía de Prevención del Delito ha iniciado dos expedientes de investigación, “se nos pidió la intervención para un probable desalojo donde pudimos percatarnos de un aspecto peculiar, que era que todo el perímetro del terreno es un terreno donde el gobierno ha ejercido actos de posesión,… sucede que aquí sí habían postes de cemento, con alambre de púas y también un cartel donde dice propiedad del estado. En este caso ya no estamos hablando de una invasión pero si había cercos que han sido tumbados en algunos casos para que las personas puedan ingresar. Entonces este hecho configuraba un hecho de usurpación y con la circunstancia de agravante, de que estos pobladores tenían pleno conocimiento que estos terrenos estaban destinados para fines de habitacionales y sociales y de manera dolosa han ingresado y han comenzado a consolidar su ocupación”. “Tambien hemos encontrado conexiones clandestinas de agua y electrosur”
Ante estos indicios la fiscalía ha derivado los actuados, a la Fiscalía Penal por la presunta comisión de los delitos de hurto de luz eléctrica y de agua, “mucha gente sabe que tenemos problemas con el abastecimiento de agua y el robo que hacen estas personas, hacen que baje la presión de agua perjudicando a las personas que viven de forma legal.
Finalmente hizo un llamado a que reflexionen las personas que están guiadas por un grupo de personas que cobran 7 mil, 8 mil y hasta 10 mil soles. Estos traficantes de terrenos vende algo que no es de ellos y estos dineros no entran al arca del Gobierno.
