El juez Baltasar Garzón ha asegurado que durante la instrucción de el caso Gürtel tuvo que conjugar su deber de perseguir delitos con el derecho de defensa. Por ello, acordó las intervenciones de las comunicaciones de los letrados con Francisco Correa y Pablo Crespo para impedir que los letrados que trabajaban para la red corrupta evadieran los miles de euros que tenían escondidos en el extranjero. Por ello, ha negado reiteradamente que tuviera intención de vulnerar el derecho de defensa como le imputan las acusaciones.
El togado de la Audiencia ha explicado que la policía le informó de que Correa continuaba dirigiendo desde la cárcel la red corrupta y por este motivo ordenó la intervención de sus comunicaciones en la cárcel con sus familiares y con los abogados que le visiten.
El togado ha explicado que no utilizó el contenido de estas escuchas para practicar nuevas diligencias y también ha afirmado que no le interesaba la estrategia de defensa de los jefes de la trama corrupta porque su investigación está apoyada por varios años de trabajo y en informes policiales y de la agencia tributaria. También ha recordado que las detenciones de Correa y su lugarteniente se precipitó porque había sospechas de que iba huir de la justicia.
LAS PRIMERAS DECLARACIONES
El juez ha mantenido el tipo ante el interrogatorio de las acusaciones. Garzón ha asumido la responsabilidad del auto en el que ordenó las escuchas, pero ha recordado que fue apoyado por la fiscalía y prorrogado por el juez del Tribunal De Madrid, Antonio Pedreira, que asumió la investigación tras la imputación de tres parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
El juez Baltasar Garzón ha empezado a ser interrogado por abogado Ignacio Peláez que ejerce la acusación particular y después ha respondido a las preguntas del ministerio fiscal. Durante la instrucción, Garzón se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones. Sin embargo, ahora ha cambiado de estrategia para demostrar que no tiene nada que ocultar.
Las primeras preguntas se han centrado en su decisión de ordenar las escuchas de los abogados de los principales acusados de la trama Gürtel con sus letrados. El togado ha explicado que en su decisión extremó la protección del derecho de defensa.
DECLARACIÓN DE UN TESTIGO
Los magistrados han rechazado por la mañana la mayoría de las pruebas solicitadas por el togado de la Audiencia y solo han aceptado que declare como testigo el funcionario de su juzgado en la Audiencia Nacional que tramitó el sumario del caso Gürtel para demostrar que las escuchas que autorizó en la cárcel entre los letrados y los principales cabecillas de esta trama de corrupción no vulneraron el derecho de defensa. Además, la sala ha admitido escuchar algunas de estas conversaciones.
