Pese a ser observado el informe de la comisión que veía el caso UNI-GRT, el documento no variará su esencia central en cuyas conclusiones se determina responsabilidad plena del Presidente Regional Tito Chocano. Así lo sostuvo el presidente del grupo de trabajo, quien reconoció errores de detalle y forma en la responsabilidad que se le había endilgado a la consejera delegada, pero aseguró que en esta semana dichas observaciones ya deben ser levantadas.
Presidente de Comisión Investigadora del Convenio UNI-GRT – Rafael Vargas
El informe final sometido a consideración de consejo regional la tarde de ayer, determinó responsabilidad plena del Presidente Regional Tito Chocano en todo lo actuado en relación a la suscripción del “convenio” con la Universidad Nacional de Ingeniería y el Gobierno Regional, así lo sostuvo el consejero Rafael Vargas, quien reveló que pese a las observaciones planteadas por una de sus colegas, dicho hallazgo no variará.
“Se ha determinado responsabilidad plena del Presidente Regional. En sus declaraciones admitió que tenía cabal conocimiento de lo todo lo que se había hecho. Ha dirigido y ayudado en todo el proceso de negociación. Ha monitoreado los avances, ha firmado los documentos y luego ayudado por su nuevo gerente, ha construido documentos de trabajo que han tenido calidad de contratos y no de convenios. Estos hallazgos los aportamos al ministerio Público y será este ente el que determinará qué sanciones se generarán. Sin embargo ya para nosotros esto propicia un escarmiento y un precedente para que no se pretenda nunca más sorprender a la región”, indicó Rafael Vargas.
Vargas Málaga reconoció que el documento presentado hace dos semanas ante el consejo regional y evaluado la tarde de ayer en el pleno, sí tenía observaciones que debían levantarse, ambos advertidos por la consejera Julia Benavides. Uno de ellos referido a la responsabilidad de la consejera delegada, Nelly Jahuira en relación a su participación directa en el convenio con la UNI, pero que no la hacía pasible –dijo- a encontrarse en el mismo nivel de responsabilidad que el Presidente Chocano.
El otro “error involuntario” estaba relacionado a una cuestión de forma que de ninguna manera –aseguró- alteraba la esencia de los resultados. En el mismo documento el consejero Vargas y su comisión demostraron que hubo participación directa de los funcionarios que visaron el “convenio” con la UNI y en este apartado aseguró que o fue por “torpeza”, “omisión” o por “intención delictiva” que no advirtieron que dicho convenio no tenía representatividad acreditada.
“Lo principal es la sanción fiscal que devenga de la investigación del Ministerio Público. Esta indagación determinará si actuaron por conciencia o por subordinación para mantener sus puestos. No en todos los casos ha habido complicidad. Evidentemente ha habido negligencia porque ninguno observó que no se contaba certeramente con una representatividad acreditada. Han decorado el convenio con sus vistos y al haber puestos sus firmas tienen responsabilidad por colusión, por intención delictiva o por torpeza y omisión”, indicó.
Según dijo Vargas, se espera que al término de esta semana el informe sea finalmente aprobado por el pleno del consejo luego de levantarse las observaciones. En tanto adelantó que la primera agenda del próximo año será la elección del nuevo consejero delegado del consejo regional.
