La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha prohibido, con efecto inmediato, la publicación de anuncios clasificados o de cualquier tipo relacionados con la prostitución o con ofertas sexuales. El decreto, que entró en vigor ayer mismo, fue comunicado 24 horas antes por Cristina Fernández en un acto oficial relacionado con la lucha contra la trata de personas.
En Argentina publican anuncios de este tipo los diarios de difusión nacional Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, Crónica y Diario Popular y muchos otros de carácter provincial. Entre los que no aceptan anuncios relacionados con el comercio sexual figuran Página 12 y El Cronista.
La presidenta aseguró que no se trata de «condenar a las mujeres» que ejercen la prostitución, a las que consideró «objetos» de ese comercio, sino a los medios que «publican esos anuncios e instrumentalizan la explotación sexual». «Hemos dado un paso gigantesco contra la doble moral y la hipocresía que reina muchas veces en algunos sectores sobre esta cuestión que aflige a la mayoría de los argentinos», explicó. Cristina Fernández criticó a los medios que «denuncian en sus primeras planas el problema de la trata de mujeres y en las páginas de anuncios se lucran de los avisos de ofertas sexuales, que les dejan pingües ganancias».
La legislación argentina no prohíbe ni penaliza el ejercicio de la prostitución, sino la «explotación sexual», lo que se interpreta como «promover, facilitar, desarrollar u obtener provecho de cualquier forma de comercio sexual». Otra ley de 2010 dispone que se ejecuten acciones coordinadas para «prevenir, sancionar y erradicar la difusión en medios de comunicación de imágenes o mensajes que estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres», lo que podría también aplicarse, si se desea, a una gran variedad de anuncios publicitarios.
Fuentes de algunos de los diarios afectados señalaron su disconformidad con el método seguido por la presidenta para imponer la nueva norma, un decreto, en lugar de tramitar una ley en el Parlamento. En los próximos días, el Ministerio de Justicia deberá reglamentar las sanciones o multas que deberán pagar los medios que violen la nueva norma.
La decisión presidencial fue acogida con entusiasmo en medios feministas. La abogada Perla Prigoshin, presidenta de la Comisión de Acción para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, explicó en Página 12 que la medida «es un signo más del momento de grandes debates que se está dando en la sociedad argentina». «Es igual ante el aborto. La sociedad lo debate, la mayoría esta de acuerdo en despenalizar», aseguró. Sin embargo, la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo un grave delito en Argentina y no se conoce ningún plan del Gobierno para despenalizarla.
Cortesía: El País
