La Defensoría del Pueblo se ha ratificado en su posición contraria a la reciente reapertura del reclusorio de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la sierra tacneña, pero dependiente de la jurisdicción del Instituto Nacional Penitenciario INPE Puno.
Sergio Meza Salazar, jefe de la oficina descentralizada de la Defensoría del Pueblo en Tacna, manifestó que la posición de su institución sigue firme, puesto que a pesar de que el Gobierno Central haya subsanado las observaciones sanitarias y de transporte, el sólo hecho de tener recluida a una persona a esa altitud (más de 4,800 m.s.n.m.) es atentatorio contra los derechos humanos.
Por tal motivo, se realizarán inspecciones en las siguientes semanas –explicó Meza Salazar- orientadas a verificar las condiciones de las habitaciones, rutas de acceso y servicios básicos no sólo de los internos, sino también de los trabajadores del INPE Puno, quienes hasta antes del cierre de Challapalca no contaban con una villa habitacional, ni siquiera con ropa y abrigo idóneo proporcionado por la institución.
Los informes anteriores de la Defensoría del Pueblo y de organismos no gubernamentales internacionales como la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaban deficiencias infraestructurales y de servicios, pues no se contaba con agua ni desagüe, y se sacaba el agua de un pozo insalubre. El penal tampoco contaba con movilidad ni rutas de acceso y egreso adecuadas para evacuar a las personas en caso de presentarse un imponderable.
Al término de su diálogo con Radio Uno, el funcionario de la Defensoría del Pueblo puntualizó que no se podría afirmar que el arribo de los 40 reclusos de alta peligrosidad a Challapalca signifique un aumento de índices delincuenciales en Tacna, debido a la llegada de bandas criminales organizadas, compuestas en muchos casos por sus propios familiares.
"No se puede afirmar que vendrán bandas organizadas sospechosas de cometer una infinidad de ilícitos, sólo podemos afirmar que consideramos que la solución al problema de la inseguridad en el país no es construir un CRAS que tenga forma de una isla… son salidas que el estado está buscando y que no funcionan en el tema de la seguridad en las prisiones, que va unido a un tema de corrupción", culminó Meza.
