En su dictamen, la GIP (siglas de Juez para la Investigación Preliminar), ha fijado además que la primera audiencia se celebre en la 4ª Sección Penal del Tribunal de Milán, lo que implica que el colegio que juzgará a Berlusconi, de 74 años, estará formado por tres mujeres: Carmen D'Elia, Orsola De Cristofaro y Giulia Turri. El primer ministro, que debía acudir a una rueda de prensa en Catania sobre la llegada de miles de inmigrantes tunecinos a Lampedusa, ha cancelado la cita con los medios y ha regresado urgentemente a Roma.
La decisión de la magistrada milanesa ha suscitado una cascada de reacciones. El portavoz del opositor Partido Democrático, Dario Franceschini, ha señalado que "Berlusconi debe acudir a defenderse ante los jueces como todas las personas que no tienen nada que esconder". Y ha añadido que Il Cavaliere "debe dimitir para evitar a su país el bochorno ante el mundo de tener un primer ministro procesado por prostitución de menores y cohecho".
Hasta 15 años de prisión
El delito de cohecho de funcionario público (concusión o abuso de poder) está penado en Italia con un máximo de 12 años de prisión, y el de prostitución de menores con un máximo de tres, por lo que Berlusconi arriesga una condena de hasta 15 años además de la interdicción definitiva para ocupar cargos públicos.
La primera reacción de los abogados de Berlusconi ha sido de aparente tranquilidad. "No nos esperábamos otra cosa", ha dicho Piero Longo, que forma junto a Niccolò Ghedini la defensa del político. El senador Longo incluso ha añadido una apostilla: "Estupendo, las señoras son siempre bien recibidas, y a veces incluso agradables".
La defensa tiene derecho a presentar alegaciones, entre ellas la que atañe a la cuestión de la competencia de los tribunales. Los letrados de Berlusconi basarán su estrategia en sostener que la Fiscalía de Milán no es competente para juzgar el primer ministro, porque tal cometido le corresponde al tribunal de ministros.
El dictamen del juez relata que la Fiscalía ha acusado a Berlusconi de haber abusado de su condición de presidente del Gobierno, al inducir a los funcionarios de la Jefatura de Policía de Milán, la noche del 27 al 28 de mayo pasado, a entregar en custodia a Ruby a la diputada regional Nicole Minetti, y por haber tenido relaciones sexuales con la joven marroquí en Arcore.
Según la resolución, las partes perjudicadas del proceso son la joven marroquí Ruby y los tres funcionarios de la policía de Milán que sufrieron el presunto abuso de poder por parte de Berlusconi cuando llamó a la jefatura para pedir que liberaran a la joven, que había sido detenida.
Cortesía: El País
