La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano advirtió que la propuesta de la titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, de implementar la pena de muerte para los violadores de menores de siete años, obedece a un manejo político y no corresponde con la realidad aplicable para nuestro país, con lo cual- aseguró- se aprovecha la desgracia familiar de un hogar para ganar réditos sociales.
Cano Legua manifestó que para que la propuesta de la ministra sea viable, hace falta que el Perú abandone su participación en la Convención Americana de Derechos Humanos y aunque eso llegara a suceder, la realidad de otras legislaciones-dijo- ha comprobado que la máxima pena no disuade a los violadores de cometer sus delitos.
“En lugar de efectuar tales propuestas, el gobierno debería preocuparse de legislar a favor de medidas preventivas para frenar los abusos en familia, la violencia y el alto grado de vulnerabilidad de los menores de edad frente a los adultos. Asi como efectuar un seguimiento adecuado de las denuncias que efectúan las madres cuando son abusadas por sus cónyuges o los casos de violencia a menores de edad”, refirió.
