Comenzar la presidencia semestral de la UE el día 1 y haber recibido el 3 ya dos amonestaciones de Bruselas dice muy poco a favor de Hungría y de la propia UE, como ya ha advertido Berlín a Budapest sobre sendas leyes relativas a la libertad de expresión y a la fiscalidad. Hasta el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha llegado a preguntarse si Hungría es digna de presidir la UE. La Comisión Europea sumó ayer su descontento al de otros socios comunitarios al reclamar explicaciones sobre la composición del nuevo organismo censor creado por Budapest y anunciar que estudia en detalle las quejas recibidas sobre la presunta fiscalidad discriminatoria impuesta a empresas europeas en Hungría.
El partido conservador Fidesz (Unión Cívica Húngara) de Viktor Orban ganó arrolladoramente las elecciones generales del pasado mes de abril, cuando se hizo con el control de más de los dos tercios del Parlamento de Budapest. Apenas medio año después, en octubre, los húngaros, encantados con la imagen de matador sin contemplaciones del primer ministro, volvieron a tenderle un cheque en blanco en las municipales, que se hizo efectivo al otorgar a Fidesz el control de todas las provincias y de la capital.
El desastre del precedente Gobierno socialista y una crisis económico-financiera que requirió en 2008 la intervención de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) llevaron a los húngaros a entregarse al hombre que prometía nuevos modos de afrontar agudos problemas. Enfoques nuevos y conflictivos: Orban repudió las exigencias de austeridad que le planteaban sus socios, cortó por lo sano con el FMI y se embarcó en medidas singulares (no ortodoxas, dicen los expertos) para recortar el déficit y resucitar la economía.
Más tarde, en un ansia por controlar a la opinión pública, el líder conservador inspiró una ley de prensa que en realidad es una mordaza para las voces críticas, a las que se puede acallar sin miramientos, según la prensa que no le es afín. Pero no sólo ella. Jean Asselborn, el jefe de la diplomacia luxemburguesa, que no usa paños calientes al hablar, declaró hace unos días que la nueva ley de prensa húngara viola la letra y el espíritu de los tratados de la Unión y suscita la cuestión de "si Hungría merece ser quien presida la Unión".
La ley estipula sanciones de hasta 730.000 euros por "atentado contra el interés público, el orden público y la moral" o por emitir o publicar "informaciones parciales" a juicio de los censores, que podrán reclamar informaciones confidenciales a los medios de comunicación y obligar a los periodistas a revelar sus fuentes cuando, a su juicio, aborden cuestiones que pongan en peligro la seguridad nacional.
Sobre la fiscalidad discriminatoria y la libertad de prensa en Hungría se pronunció ayer la Comisión, siguiendo pasos ya dados, además de por algunos Gobiernos europeos, por la Organización la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismos de defensa de derechos humanos, organizaciones de prensa y presidentes de grandes compañías de distintos países.
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión, anunció haber enviado a finales de diciembre una carta al Gobierno húngaro expresando sus dudas sobre la independencia del organismo que debe aplicar la ley, "en particular por su composición", según un portavoz de la comisaria. El ente está formado por cinco miembros de Fidesz.
La Comisión también está estudiando una ley fiscal aprobada el pasado mes de octubre, sobre la que ya requirió en su día información a Budapest. En línea con la filosofía de "a grandes males, grandes remedios", el Parlamento húngaro adoptó un impuesto excepcional de crisis para que grandes empresas de determinados sectores, la mayoría filiales de grupos continentales de Alemania, Austria, Francia o Países Bajos, contribuyeran a aliviar el déficit nacional.
Los responsables de esas 13 empresas (en Alemania, los gigantes de la energía RWE y E.ON, la telefónica Deutsche Telekom y la aseguradora Allianz; la aseguradora francesa Axa, el banco holandés ING; la petrolera austriaca OMV, entre otras) dirigieron una carta en diciembre al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, una queja formal en la que le pedían que interviniera para hacer ver a Budapest lo crucial de que exista seguridad jurídica en al Unión y que retire esa ley. "Recurrir a determinados sectores y compañías extranjeras para equilibrar el presupuesto nacional", señalaban los signatarios, "daña a la inversión y la credibilidad del compromiso de Hungría con el mercado único".
Mientras Bruselas considera cómo proceder con Budapest, el Gobierno húngaro se mantiene firme: envió información en diciembre sobre la ley fiscal y Orban se ha mostrado inflexible con la ley de prensa: "No tenemos miedo de las críticas, vengan de la Europa del Oeste o de más allá". Llamativa esa alusión a la Europa Occidental en un país que hasta ahora se tenía por miembro recuperado de la comunidad occidental con la ampliación de 2004.
Cortesía: El País
